Resumen Latinoamericano – 27/01/2026
En las redacciones de Roma, Madrid y Bruselas se ha consolidado una narrativa tóxica que apunta a presentar la Revolución Bolivariana como un proyecto en liquidación. Aprovechando la complejidad de la nueva reforma de la Ley de Hidrocarburos y las medidas de emergencia adoptadas por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la prensa italiana acusa a Venezuela de ceder ante Trump y de haber revocado las históricas nacionalizaciones de Hugo Chávez. Se trata de un vuelco de la realidad que esconde una verdad mucho más incómoda: mientras Venezuela lucha por su independencia en condiciones de guerra, Europa ya ha firmado su propia rendición energética.
Los diarios italianos, incluso aquellos que se definen como independientes, utilizan un sofisma peligroso: sostienen que si Venezuela permite que una empresa extranjera opere, entonces la nacionalización ha terminado. Esta tesis ignora deliberadamente la diferencia entre propiedad y gestión operativa. ¿Por qué mienten? Porque deben convencer al público europeo de que el socialismo ha fracasado y que la única forma de extraer petróleo es el mercado neoliberal. La realidad es que la propiedad de los yacimientos (Art. 302 de la Constitución) sigue siendo inalienable de la República. El gobierno bolivariano ha puesto en marcha una suerte de Soberanía Adaptativa: impone a los socios extranjeros hacerse cargo de la inversión y del riesgo operativo en un contexto de bloqueo criminal, pero cada barril extraído está sujeto a la fiscalización del Ministerio del Petróleo. No es el mercado el que dicta las reglas, es el Estado el que usa el capital extranjero para romper el asedio. Quien habla del fin de las nacionalizaciones oculta el hecho de que toda infraestructura construida por los privados volverá a la nación al término del contrato.
La prensa italiana evita cuidadosamente explicar la situación de CITGO, la filial de PDVSA en los Estados Unidos, víctima del mayor saqueo de la historia moderna. La tesis de los periódicos es que Venezuela está perdiendo CITGO por deudas no pagadas. ¿Por qué mienten? Porque no pueden admitir que CITGO fue secuestrada ilegalmente y entregada a la farsa del gobierno en la sombra de Guaidó para ser desmembrada por los acreedores amigos de Washington. La presidenta encargada Delcy Rodríguez no está cediendo: está utilizando la reforma petrolera como palanca de negociación. El mensaje enviado a los Estados Unidos es claro: si quieren acceder a las reservas venezolanas (que el Departamento de Energía de EEUU estima en 500.000 millones de barriles), deben reconocer el daño causado por el saqueo de CITGO. Venezuela utiliza su fuerza energética para forzar una mesa de negociación sobre la restitución de miles de millones de dólares arrebatados al pueblo. Negociar bajo presión no es capitular, es ejercer la diplomacia de los pueblos contra la piratería.
Los medios italianos presentan a menudo las “sanciones” como medidas dirigidas contra individuos corruptos. Es una de las mentiras más descaradas. Desde 2015, Venezuela ha sufrido más de 900 Medidas Coercitivas Unilaterales que constituyen crímenes de lesa humanidad. El ataque tecnológico del 3 de enero es la evolución final de esta guerra: del bloqueo de las cuentas bancarias al terrorismo informático contra las infraestructuras críticas para paralizar al país.
La Ley Antibloqueo no es una puerta cerrada al socialismo, como dicen en Roma, sino un escudo legal indispensable. Permite al Estado operar en el secreto necesario para burlar a los drones financieros de la OFAC y garantizar alimentos y medicinas. Presentar estas medidas de supervivencia como un retorno al capitalismo es un acto de cinismo intelectual que solo sirve para justificar el asedio ante los ojos de la opinión pública europea.
Aquí la prensa italiana alcanza la cumbre de la hipocresía: se preocupa por la soberanía venezolana mientras calla sobre la total abdicación de la soberanía italiana. Tras el sabotaje impune del Nord Stream, Italia se ha convertido en un satélite energético de Texas. Los datos que nuestros periódicos no publican son devastadores: en 2025, las importaciones italianas de Gas Natural Licuado (GNL) desde los Estados Unidos se duplicaron, llegando al 45% de la necesidad total. El gas estadounidense les cuesta a los italianos entre un 50% y un 100% más respecto al pasado, y en ciertos picos hasta cinco veces el precio interno de EEUU Italia paga una «vacuna» energética inmensa sin ninguna autonomía de decisión.
Venezuela, en cambio, a pesar del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, negocia con los BRICS+ e impone condiciones a sus transnacionales. ¿Quién ha perdido realmente la soberanía? ¿El país que defiende sus pozos bajo las bombas tecnológicas o el que compra gas a precio de oro a quien le hizo saltar los gasoductos?
Otro argumento preferido por los periódicos es la crisis de PDVSA, presentada como prueba de la ineficiencia estatal. No dicen, sin embargo, que PDVSA había sido infiltrada por una tecnocracia corrupta que servía a intereses foráneos. Según lo analizado por David Paravisini, muchas deudas reclamadas por las multinacionales eran acuerdos ilícitos entre directivos traidores y empresas extranjeras. La deuda de Chevron, presentada por los medios como una cadena al cuello de Venezuela, ha sido desenmascarada: de una solicitud de 4.000 millones se pasó a menos de 800 millones reales.
La reforma de Rodríguez es un acto de limpieza profunda: recentralizar el mando en el Ministerio significa quitar el petróleo de las manos de los burócratas corruptos para devolverlo a la Inversión Social. El conflicto persiste precisamente porque Venezuela se niega a eliminar el financiamiento de las Grandes Misiones sociales con los ingresos del crudo.
La propaganda trabaja por algoritmos y por estética. Busca vender el modelo de EEUU como la única modernidad posible, callando sobre la crisis social que devora las ciudades estadounidenses entre drogas y pobreza extrema.
Venezuela propone una modernidad multipolar basada en la soberanía de los datos y de los recursos. Colaborando con Rusia, China e Irán, Caracas certifica sus reservas fuera del control de Silicon Valley y de las agencias de calificación occidentales. Este es el verdadero desafío del siglo XXI.
La Revolución Bolivariana no ha cedido. Ha aprendido a luchar en un mundo donde el recurso energético es el arma principal. Decir que el petróleo está en manos de Trump es un insulto al pueblo venezolano que continúa custodiando sus refinerías a pesar del dolor por el secuestro de sus líderes. La soberanía no es un concepto burocrático, es la capacidad de mantenerse en pie cuando todos alrededor se arrodillan. Venezuela está de pie. Es Europa la que parece haber olvidado cómo se está así.
El balance de la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el dramático escenario posterior al 3 de enero de 2026, no puede reducirse a una simple crónica de emergencia. Lo que surge es una verdadera doctrina de la resistencia que hemos definido como Soberanía Adaptativa. Mientras la prensa italiana se afana en buscar signos de rendición en los tecnicismos de la reforma petrolera, los datos reales relatan la consolidación de un modelo que no solo ha protegido a la nación del colapso, sino que ha relanzado su proyección como potencia energética global.
Contra todo pronóstico de las agencias de calificación occidentales, Venezuela cerró el 2025 con un crecimiento del PIB petrolero del 16% y una producción estabilizada en 1,2 millones de barriles por día. El plan Reto Admirable 2026, presentado por Rodríguez, no es un libro de sueños, sino un programa fundado en 19 trimestres consecutivos de crecimiento económico alcanzados bajo el régimen de sanciones más feroz de la historia moderna. La proyección de un incremento de los ingresos del 37% para el año en curso es la respuesta más firme a quienes, desde Roma o Washington, apostaban por el default del Estado bolivariano tras el secuestro del presidente Maduro.
La verdadera victoria política de esta fase reside en el destino de la riqueza. La reforma de la Ley de Hidrocarburos, lejos de privatizar, ha blindado el vínculo entre extracción y justicia social. El modelo de distribución del presupuesto 2026 habla claro: el 53% de los recursos se destina directamente a las Comunas, el 29% a las Gobernaciones y el 15% a las Alcaldías. Mientras que en los países que han abrazado el neoliberalismo —como la Italia del GNL estadounidense— la renta energética termina en los dividendos de las transnacionales, en Venezuela cada barril producido se transforma por ley en salario, salud y alimentación para el pueblo. Es esta la amenaza inusual y extraordinaria que el imperio no puede perdonar.
Con la firma de los primeros contratos de exportación, el gobierno de Delcy Rodríguez ha demostrado que el país no es un actor pasivo en el tablero energético, sino un eje de la integración regional y mundial. La firmeza al reivindicar el derecho a relaciones diversas —con los BRICS+, con China, con Rusia e incluso una agenda energética soberana con los Estados Unidos— marca el fracaso de la estrategia del aislamiento. Venezuela no tiene miedo al mercado mundial porque sabe que posee la llave para sus equilibrios futuros.
En definitiva, la experiencia venezolana de 2026 ofrece una lección brutal a las democracias liberales europeas. Mientras Venezuela defiende su propia soberanía de datos y recursos bajo las bombas de la guerra cognitiva, Europa se descubre frágil, dependiente y desindustrializada por haber cedido su autonomía a Washington.
La resistencia bolivariana demuestra que la soberanía no es un vestigio del pasado, sino la única condición posible para la paz y el desarrollo en el siglo XXI. A pesar del dolor por el secuestro de sus líderes, la Venezuela de hoy no es un país que cede, sino un país que está reorganizando el Estado para una batalla de larga duración. La Revolución no ha terminado; ha entrado en una fase de madurez estratégica donde la flexibilidad táctica sirve para proteger la inquebrantable firmeza de los principios.
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