DE HORRORES LUCRATIVOS E IDENTIDADES COMBATIVAS - Miquel Amorós

Son tales las devastaciones que provoca el crecimiento económico que la sociedad capitalista moderna se caracteriza más por lo que destruye que por lo que crea. Ninguna obra se puede comparar ya con las ruinas que causan sus necesidades. Eso significa algo obvio, a saber, que la sed de beneficios que guía el sistema productivo, y por ende, el modo de vida que conlleva, se apaga con una avalancha de perjuicios para la población, que van desde los riesgos para la salud (la contaminación origina la cuarta parte de las enfermedades) hasta los destrozos ambientales.

La destrucción ha alcanzado un grado tan elevado que el contraste entre intereses privados y estragos públicos se hace visible hasta para los más rezagados. Es entonces cuando desde las instancias del poder hablan de conflicto ambiental o territorial, de cultura del no o de gobernanza interactiva. Los problemas laborales hace tiempo que dejaron de ser fuente de preocupación de los dirigentes, tal y como demuestra el hecho de que más del 40% de los trabajadores gane menos de mil euros, y eso se debe a que, bajo la amenaza de la precariedad y la exclusión, los mecanismos de control e integración funcionan perfectamente. No ocurre así en otros ámbitos, ya que el fracaso del ecologismo político permitió que la cuestión social, expulsada de los barrios y las fábricas, emergiera en las luchas mal llamadas ambientales, y particularmente, en la defensa del territorio, sin la contención y dispersión de la “democracia participativa”.

A pesar de todo, dicha emergencia no ha sido tan apabullante como para producir un fenómeno de conciencia generalizado, y a las luchas les queda todavía un largo tramo por recorrer.

No es pues el peligro de un movimiento social nacido de la defensa del territorio lo que ha sembrado inquietud entre los dirigentes, sino el hecho de que el desarrollismo, basado principalmente en la especulación inmobiliaria, ha desembocado en una crisis financiera de la que se piensa salir con un cambio de paradigma: la economía “verde”, o sea, el desarrollismo “sostenible”.

Pero la “sostenibilidad” desarrollista exige un grado de colaboración popular que en otro tiempo el régimen arbitrario vigente no juzgaba necesario. Por eso, si los defensores de un modo de vida respetuoso con la naturaleza habían tropezado siempre con las maneras paternalistas y autoritarias de la administración, ya que ésta había heredado el personal técnico, los programas y los modos de la pasada dictadura, y sobre todo, porque los designios de los promotores y financieros a cuyo servicio estaba no admitían trabas, ahora que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el cambio climático, el agujero en la capa de ozono y una previsible escasez de combustibles fósiles ponen en marcha un nuevo ciclo “verde” con la perspectiva de formidables ganancias, se requiere un proceder aparentemente más dialogante. De ahí la relativa atención que despiertan las asociaciones de vecinos y las plataformas cívicas, sobre todo las más moderadas y acomodaticias. Los intereses de la dominación apuntan menos a las “marinas” y los campos de golf que a las energías renovables, los coches híbridos, el reciclaje de residuos y la arquitectura ecológica, pero como la construcción de infraestructuras gigantescas, la siembra de transgénicos y las destrucciones van a continuar, la desactivación de las inevitables protestas vuelve ineludible el trato con los contestatarios.

Así pues, al menos en boca de los dirigentes más sensibles a los nuevos intereses de la dominación económica, el lenguaje del orden cambia de vocabulario porque ya no tiene por qué negar la existencia de conflictos, sino aceptarlos como algo habitual y administrarlos; por consiguiente, deja de tildar de egoístas, subversivos y enemigos del progreso a los que protestan contra la devastación y el despilfarro. Para dichos dirigentes, las luchas territoriales son irremediables, pero fáciles de reconducir mediante técnicas de participación y consulta adecuadas, a saber, mediante la “democracia participativa”, cosa que con anterioridad muchos afectados reclamaban, lo cual no evita la “tolerancia cero” frente a los conflictos irrecuperables, como por ejemplo la lucha contra el TAV en Euskal Herria.

Dada la “crisis de confianza” en las instituciones y los partidos, reflejo de la incompatibilidad extrema entre el capitalismo global y las formas democráticas burguesas –tal como demuestran por ejemplo la comunicación unilateral, la supresión del espacio público y del desarrollo de leyes de excepción–, los enemigos “antisistema” de ayer, han de ser los colegas colaboradores del mañana. El arsenal punitivo contenido en los códigos penales de “la democracia” no contradice esa descriminalización aparente de la protesta; actúa como reserva disciplinaria ante los posibles desbordamientos, cubriendo legalmente la represión cuando el civismo no funciona. Las necesidades de control se han visto multiplicadas al convertirse los centros de las ciudades en lugares exclusivos de consumo, proceso que aspira a abarcar la totalidad del territorio. El nuevo régimen puede seguir llamándose democrático mientras instaura legalmente un estado de excepción discreto que facilita la represión no sólo de los disidentes políticos, sino de grupos enteros de población que rechacen integrarse como consumidores obedientes en el sistema económico y no transijan con sus depredaciones. La misma necesidad de pacificación y rentabilización del territorio que hizo tratar de alborotadores, delincuentes y marginales a sus defensores, cuando el capital ejercía sus derechos de conquista, es causa de la solicitud con la que estos mismos son considerados cuando lo que conviene es fijar el costo ambiental y social del territorio-mercancía. Ese cambio de política es consecuencia del cambio de los intereses capitalistas en la etapa correspondiente a la artificialización y consumo del territorio, la de la constitución del territorio-empresa. Los dirigentes buscan el apoyo de los sectores más retrasados y menos combativos surgidos en la lucha, todavía poco desarrollada, y por lo tanto, no suficientemente consciente de la incompatibilidad absoluta de sus objetivos con los del capital. ¿Cómo va a suceder? Pues como siempre, primero, atrayendo a las comisiones negociadoras a un puñado de representantes separados de las estructuras horizontales establecidas en el origen de las luchas, de forma que éstas pierdan el control de sus delegados, y, por consiguiente, el de sí mismas. Y segundo, aislando y reprimiendo sin contemplaciones la oposición consecuente. El trato con el poder corrompe, y los dirigentes lo saben perfectamente.

Su oficio es el más viejo del mundo. Para liquidar la lucha antidesarrollista y la defensa del territorio e integrar a los habitantes afectados en la gestión verde de la catástrofe, sus supuestos representantes han de recorrer el vergonzoso camino que tiempo atrás emprendieron los sindicalistas. Si antaño fue el trabajar, el habitar es hoy la forma básica que reviste la explotación, y por lo tanto, la que mejor define la proletarización. Proletario es un habitante al que hay que

reeducar constantemente en el consumo y seducir con la participación. Y como bien enseña la historia reciente, en los suburbios de París, en Génova, Atenas, Berlín o Barcelona, cuando la seducción no resulta porque la autonomía de la esfera política es imposible bajo la globalización y sus efectos son puro espejismo, guerra sin cuartel a quienes exclaman como en el cuento que el rey está desnudo, rehusando corromperse en la colaboración con el capital y el Estado. Hay leyes de sobra para eso.

La democracia formal burguesa se basaba en la formulación de un interés público por parte de mediadores políticos al que se subordinaban los intereses privados, que en lo relativo al territorio se plasmaba en un plan de ordenación, del cual se deducían reglas y leyes duraderas, que se aplicaban en nombre de aquél. Otra vuelta de tuerca capitalista, el desarrollismo, modificó el sistema en profundidad. La individualización consumista hizo añicos el principio de autoridad, las estructuras disciplinarias de la sociedad como la familia, la escuela o la iglesia entraron en quiebra y el paternalismo político quedó inservible, no dejando más salida al poder establecido que la policía, los tribunales y la cárcel. En lo sucesivo, la decisión se hizo más técnica, dependiente de los expertos, y se financió con capitales privados, cosa que favoreció el dominio de los intereses empresariales en los asuntos públicos, cuya progresiva influencia hizo desaparecer incluso la noción misma de interés común, desacreditando completamente a la política. La nueva gestión del territorio, determinada cada vez más por los intereses privados, principalmente los de los promotores inmobiliarios y el capitalismo verde, no podía quedar atrapada en las normas de un plan general. Así se generalizó la excepcionalidad en las leyes y los planes: rectificaciones, planes parciales, planes de actuación urgente, “proyectos”, “respuestas multifuncionales”, etc.. Se trataba de disponer de una ordenación a la carta, compatible con cada interés particular, que hiciese caso omiso de disposiciones anteriores cuando éste resultaba perjudicado; una ordenación que buscara resultados económicos inmediatos, rentabilizando al máximo todo el territorio. Este cambio tan brusco de situación, ocurrido sólo en dos decenios, lesionó gravemente los intereses colectivos realmente existentes y creó conflictos por doquier.

Como la resistencia a la devastación no podía pararse únicamente con la represión, los nuevos “gestores” del territorio se vieron forzados a cambiar de táctica. Así, del Estado penal nació la “democracia participativa”. Los dirigentes modernistas asumían la desaparición del interés común porque la aplicación de la normativa vigente perjudicaba los intereses privados que representaban, y por consiguiente había que dejarla en suspenso o derogarla, pero eso legitimaba el conflicto tanto como les restaba a ellos legitimidad. Así que, en lugar de tratar de imponerse en nombre de dicho interés al que se suponía representaban en virtud de resultados electorales, tenían que reconocer el conflicto primero, y después, negociar caso por caso con interlocutores ad hoc que se prestaran a ello. La negociación finalizaba no con el establecimiento de una nueva norma, sino con algo parecido a la firma de un contrato. La participación, a la que se dejaba bien claro que no sustituía la “democracia representativa”, es decir, el sistema burocrático parlamentario de partidos, no era otra cosa más que el complemento necesario de un aparato político-administrativo que no podía ni detener la destrucción del territorio, exigida por el crecimiento económico, ni lograr el consenso en nombre del bien común, puesto que su propio funcionamiento lo volvía informulable. La participación o “gobernanza” territorial, al fijar los “límites democráticos” del conflicto, venía a concretar las tareas de la represión delimitando sus respectivos terrenos. Así pues, lejos de acarrear una democratización por leve que pudiera ser, lo que significaría la recuperación del espacio público, donde se discute y se toman decisiones colectivamente, sucede todo lo contrario, tal como confirma el endurecimiento punitivo de la legislación y la proscripción práctica de las manifestaciones, las concentraciones, los debates públicos, las asambleas y la información objetiva.

Por desgracia para la clase dominante, tender puentes no es tan fácil como firmar hipotecas. Las buenas intenciones de los dirigentes para con el futuro no bastan para desactivar el conflicto territorial, puesto que las causas que lo provocaron siguen bien presentes. No estamos en otro escenario; a lo sumo el capitalismo prepara otro escenario, pero no ex novo, sino apoyándose en las viejas actividades productivas. Los nuevos intereses no han venido para suprimir los antiguos, sino para prolongarlos y ampliarlos. Los dirigentes no pretenden pues enmendar los horrores del viejo sistema productivo, que fundamentalmente no ha cambiado, y, por consiguiente, menos aún detener el inmenso despliegue de medidas penales así como la construcción de cárceles y campos de internamiento; lo que quieren es compatibilizar tales horrores con el nuevo rumbo de la dominación.

No se trata entonces de acabar con el modelo clásico de desarrollismo, basado en la fusión de los intereses económicos privados, políticos y administrativos y responsable de tantas atrocidades, sino de ponerlo al día, de “redimensionarlo” gracias a una reestructuración ecológico estatal de la economía.

Esta milagrosa reconversión no anula la degradación precedente, poniendo _in al urbanismo salvaje y la depredación del territorio, es decir, a las macro infraestructuras del transporte, a las centrales nucleares y térmicas, a los embalses y trasvases, a las incineradoras y vertederos, a los puertos deportivos y las pistas de esquí, a la construcción de líneas eléctricas MAT o de nuevas prisiones... Lo que sucede es precisamente lo contrario; el ecologismo capitalista y su seudo democracia “participativa” pretenden preservar dicha degradación –no hay que olvidar que es el único modo de acumulación del que dispone el capital–, sólo que con la imagen lavada. La apertura de nuevos mercados está en juego: el de la emisión de gases, el de los vertidos al mar, el de las basuras, el de la ecoautomoción, la ecoedificación, la alimentación biológica, el turismo rural, las renovables, la punición alternativa, etc. El lucro privado requiere ahora un nuevo desarrollismo –“un nuevo modelo productivo”–, una nueva política, un nuevo lenguaje, un aparato represivo más sofisticado, y, para acabar, otro tipo de horrores programados, pero esta vez apostando por la regulación del mercado financiero, por técnicas nuevas de ecología industrial, por monumentales inversiones y una reeducación de masas en las innovaciones tecnológicas y el consumismo de nuevo cuño. Tales tareas sobrepasan la capacidad del mercado; se necesitan medidas que sólo están al alcance del Estado.

Como sucediera con el fascismo, el Estado autoritario se erige en remedio de las perturbaciones inherentes al capitalismo. Que los intereses que determinaban sin réplica ayer nuestras vidas sean los mismos que siguen haciéndolo hoy, es una trivialidad que resulta extremadamente evidente en lo que respecta al territorio.

El objetivo de las sucesivas leyes del suelo y de las leyes urbanísticas era su mercantilización total, lo que dio no sólo carta blanca a la extensión ilimitada de las conurbaciones o la culminación del desastre litoral, sino la urbanización difusa de los espacios naturales y rurales, al alcance de las hordas urbanas gracias a la motorización generalizada. En apenas dos décadas el territorio peninsular fue completamente banalizado, y cualquier singularidad, aniquilada, bien por su degeneración pura y simple en solar, o bien por su conversión en mercancía ambiental. El colapso del mercado hipotecario puso fin a un negocio lucrativo que además actuaba como motor principal de la economía, pero hoy todavía los promotores privados siguen planificando las áreas metropolitanas, ordenando el territorio y determinando los usos del espacio. Así, con el cambio de tendencia anunciada por el agotamiento de las políticas neoliberales y la crisis financiera, han nacido o nacerán nuevas leyes y planes para los barrios, el paisaje, los riesgos naturales, la información geográfica, la costa, las infraestructuras de toda clase, etc., que anuncian un planeamiento distinto y establecen nuevas condiciones para el mercado inmobiliario y el ocio verde. El negocio no se interrumpe, sino que se traslada de la construcción propiamente dicha a la rehabilitación, el aislamiento de edificios y el acondicionamiento paisajístico, mientras que la motorización se propulsa un poco más con los agro combustibles o los motores eléctricos. La diferencia con la situación anterior es que en este nuevo ciclo de la acumulación de capital el Estado recupera el papel principal. Todas las decisiones, de la renovación del parque automovilístico al retorno a la energía nuclear, de la introducción de nuevos OGM en la dieta alimentaria al trazado de la alta velocidad, exigen ahora “un pacto de Estado”, y, como corolario, nuevas leyes y disposiciones que regulen su cumplimiento.

La adopción del léxico ecologista por parte de los empresarios acompaña lógicamente el proceso, porque ahora el lenguaje del ecologismo es el leguaje de la política y, por lo tanto, el idioma de los negocios. Pronto lo será de la pedagogía y de la jurisprudencia.

Sin embargo las palabras no logran disimular los hechos. Como ya hemos apuntado, los viejos proyectos vandálicos continúan impertérritos su tarea destructiva codo a codo con los nuevos, pero dicha tarea se autocalifica “verde”. Los intereses dominantes siguen siendo los de la clase dominante, aunque legitimados como asuntos de Estado y como protectores del medio; tras el AVE, las líneas MAT, os trasvases y las autopistas previstas por el PEIT o los planes de carreteras autonómicos se manifestaban poderosos intereses empresariales y financieros, los mismos que ahora promueven los parques eólicos, las desaladoras o las centrales fotovoltaicas. Bajo la norma neoliberal, la política no era más que un negocio particular; según las nuevas reglas, el negocio es pura política. La nueva normativa no anula la anterior sino que la conserva maquillada; en consecuencia, tal como hemos dicho, a los horrores antiguos se les añadirán los de nueva factura y al final, ante la mirada atenta de los agentes del orden, con la tutela estatal y el compromiso de la “ciudadanía”, tendremos aberraciones de todos los colores. La participación “ciudadana” no alterará nada esa realidad, pues en las condiciones presentes es un simple aspecto de los negocios y su función no es otra que la de desmovilizar. Uno puede entrar en los despachos y creerse que está “refundando” un sistema más justo y democrático, cuando en realidad está poniendo su grano de arena a una “sociedad de control”, como dicen los aprendices de brujo que han leído a Foucault. En un régimen efectivamente autoritario, lo democrático es sólo un momento de lo represivo.

Con mayor frecuencia que hace dos décadas, los defensores del territorio, incluso los que se ciñen a la protesta “cívica”, es decir, simbólica e ineficaz, hablan de un modelo alternativo de ordenación territorial, basado en la reducción de movilidad en vehículo privado y el desarrollo del transporte público, en un reequilibrio campo-ciudad, en el consumo “responsable” y en una “nueva cultura del territorio”. Propuestas tan sugerentes como vacías, puesto que lo que buscan es una fórmula imposible de compromiso entre la preservación del territorio y la expansión metropolitana, o lo que viene a ser lo mismo, la economía mundializada. Ninguna ley protectora, ni ninguna subvención estatal, como tampoco ninguna concertación política, sería capaz de garantizar la integridad territorial manteniendo al mismo tiempo el territorio dentro del mercado, o dicho de otro modo, ningún capitalismo podría funcionar globalmente sin tener a su disposición el territorio en su totalidad. Entre los hombres de negocios (políticos incluidos) y la defensa del territorio no hay espacio suficiente para el diálogo, pues los intereses respectivos son diametralmente opuestos: si hay negocio es a costa del territorio; si hay beneficio territorial es a costa de las pérdidas del lado capitalista. Y de una oposición radicalmente irreconciliable solamente surge el conflicto. Los defensores del territorio pues, han de asumirlo: no han de dialogar, sino combatir. No han de escoger entre la palabra o la acción, sino entre la defensa o el ataque. Las luchas son y serán locales, pero los combatientes no se enfrentan simplemente a especuladores de cuarta categoría o a políticos venales de la vecindad.

Apenas el conflicto territorial se generalice, quedarán al descubierto los lobbies del asfalto, la alimentación, la distribución, el ocio o el petróleo, bien protegidos por el Estado. Al avanzar en sus propósitos, la defensa del territorio –de los huertos tradicionales, de los bosques, de los espacios libres, de los ríos, de la fauna, de los oficios y conocimientos ancestrales, de sus costumbres, tradiciones e historia, etc.– con sus prácticas antiautoritarias revela tanto una irremediable quiebra institucional como la incompatibilidad entre una vida arraigada y libre de apremios y la globalización económica. Pues las monstruosas conurbaciones y la desaparición del mundo rural son su consecuencia, y la agricultura transgénica industrial, el medio adecuado para alimentar tales engendros. Lo mismo podemos decir de los pantanos, las centrales, las autopistas, los mega puertos, aeropuertos y TAVs: son las estructuras que mejor se corresponden con el abastecimiento de agua y energía o con la movilidad de las personas y la circulación de mercancías propias de los áreas metropolitanas. Es del todo evidente que el equilibrio territorial, la recomposición a partir de sus fragmentos, no se logrará más que con el desmantelamiento del aparato productivo, la desurbanización y la abolición del Estado, tareas históricas auténticamente titánicas, que han de orientar la lucha antidesarrollista y la defensa del territorio bien lejos de una “gestión trasversal”, tal como reivindican los dirigentes creativos y sus cómplices ciudadanistas de las plataformas.

Estamos ante un enfrentamiento entre la metrópolis y el territorio que pretende colonizar, y por ironía de la historia, la causa de la libertad, la razón y el deseo ha abandonado las ciudades, o mejor dicho, lo que antes fueron ciudades, para refugiarse en el campo, lo que antes fue campo, y lanzar desde allí, con el concurso nihilista de los excluidos del suburbio, el contraataque contra las fuerzas antihistóricas domiciliadas en las conurbaciones. Lejos de los centros comerciales, y por lo tanto, lejos de la mercantilización del vivir y de la estatización de la existencia, el tiempo y el lugar recobran algún sentido y permiten a los individuos recuperar la memoria y cooperar contra la sinrazón capitalista, construyendo, si se rebasa el horizonte plataformista, una nueva identidad de explotados anclada en el territorio, luego en su condición concreta de habitantes, no en la condición abstracta de ciudadanos. Dicha identidad no ha de aspirar a proporcionar un marco más regulado al mercado de la vivienda y del suelo, sino a abolir cualquier relación mercantil; tampoco pretenderá complementar el régimen tecnocrático que gusta en llamarse “democracia” cuando no es más que totalitarismo disimulado, sino sustituirlo por una verdadera democracia de base, horizontal, directa, autogestionaria. No será el estandarte de un nacionalismo de nuevo cuño, sino el emblema de una voluntad universal de liberación.

Charlas del 9 de mayo de 2009 en el Ateneo Libertario de Sabadell y del 21 de mayo en el Ateneu Llibertari del Casc Antic (Barcelona).

Publicado en folleto por Desorden distro de Valencia.

LA RECONVERSIÓN DEL TERRITORIO ASTURIANO Y EL TAV

 Miquel Amorós

No hay duda, el gobierno español está realizando en Asturias la mayor inversión de su historia a través del Ministerio de Fomento, de forma que la transición de una economía industrial deficitaria a una economía de servicios "conectada" con el capital internacional se efectúe tan rápido "como la situación lo permita", mientras se van disipando sin demasiadas resistencias los desastres sociales inducidos por la desaparición de la agricultura tradicional, la reconversión industrial y la liquidación de la minería. Tal inversión se concreta en la ampliación del puerto de Musel hasta convertir mediante regasificadoras y centrales térmicas de ciclo combinado a Gijón en un “poblado energético” desde donde partirán líneas de alta tensión como la de Sama a Velilla. Y también la construcción de autovías, la modernización del aeropuerto, la creación de un polígono de actividades logísticas (la ZALIA) y, por encima de todo, en la llegada del AVE, prometida para el 2012, aunque, vista la evaporación de capital disponible por el Estado en estos últimos tiempos, aplazada sin fecha creíble, a la espera de la inyección de fondos que determine la buena voluntad de las constructoras y los bancos. En efecto, el AVE es "el tren de la recuperación económica", puesto que "la gente podrá venir más a Asturias" gracias a una mejor "accesibilidad", especialmente turistas "de calidad"; es el tren de la "conexión con Europa", una "apuesta de desarrollo sostenible", un "vertebrador del territorio" venido para convertir a Asturias en "el nudo logístico de la actividad empresarial en el Norte de España", etc., etc. El lenguaje de los dirigentes locales muestra los planes, los deseos y hasta los sueños de la dominación, exactamente los mismos en toda la periferia: que el desarrollo capitalista depende de una comunicación fluida con los ejecutivos de Madrid, a los que se les ofrece una alternativa al avión; que se basa fundamentalmente en la construcción, el tráfico de mercancías y el turismo, y que implicará una profunda remodelación del territorio.

La nueva economía no se conforma con explotar la fuerza de trabajo de una clase sometida, sino que explota el territorio y la vida de su vecindario. El capitalismo en Asturias ha experimentado un rápido proceso de terciarización, poniendo fin a la preponderancia industrial y minera, a la vez que liquidaba el escenario de una lucha de clases en desuso. Cuando se habla de un Museo del Movimiento Obrero, es que dicho movimiento es cosa ya de museos. El sector servicios proporciona el 60% de los empleos, la mayoría de los cuales son basura; desde 1998 aumenta con regularidad el tráfico aéreo y portuario, crece el negocio bancario, el inmobiliario, el hostelero y el informático; se incrementa la asesoría de empresas, la construcción, el turismo rural y las grandes superficies; y mientras tanto, se extinguen los últimos focos de cultura agraria, se destruye empleo industrial y se desteje la urdimbre minera. En el horizonte, un "tejido laboral más diversificado", cuyos hilos hay que encontrar en el peonaje de obra, el servicio doméstico, los dependientes de comercio o el personal hotelero; un "nuevo modelo de consumo", el del Espacio Buenavista o el de Los Prados en Oviedo, el de Caudalia de Mieres o el Parque Principado de Siero; una "reconversión medioambiental", la impuesta por el TAV, los planes de urbanización costera, las pistas de esquí y los vertederos; y una "nueva imagen de Asturias", la que, a imitación del Gugenheim de Bilbao, ofrece en Avilés el Centro Cultural Oscar Niemeyer, la del neomonumento que los gijoneses llaman el wáter de King Kong, o, finalmente, la que a semejanza de las casa de los horrores, proporcionaría un  propuesto Museo de las Obras del AVE.

La colonización completa del territorio por el capital se lleva a cabo mediante la formación de conurbaciones, que se apoderan de su entorno, subordinándolo. En una economía fuertemente terciarizada, los pueblos y las ciudades pequeñas son inviables, por lo que han de ser fagocitadas por áreas metropolitanas en continua expansión.

A partir de un millón de habitantes el abastecimiento resulta suficientemente rentable, la especulación inmobiliaria empieza a ser suculenta y las economías de escala o de aglomeración ya son importantes. Y también las deseconomías: atascos, contaminación, estrés, anomia... Asturias no queda lejos del objetivo de albergar una "ciudad de ciudades", que es como los dirigentes llaman a la conurbación desordenada y altamente motorizada, pues en el triángulo formado por Oviedo, Gijón y Avilés viven amontonados unos 800.000 habitantes. Las oligarquías políticas y económicas locales han tomado conciencia de la "potencialidad" de las conurbaciones como "centros de desarrollo", y del hecho de su necesaria comunicación jerárquica con un hipercentro, por lo que las infraestructuras son imprescindibles, sobre todo las que llevan una carga política considerable, como lo es el Tren de Alta velocidad. Cuando hablan de "Asturias", las tecnócratas que asesoran a los dirigentes se refieren exclusivamente a la conurbación central asturiana conectada con Madrid. A todos los efectos, cualquier otra porción del territorio no cuenta, sino en relación económica con ella, es decir, como explotable.

Esa doble centralización, la de Madrid y la del binomio Oviedo-Gijón, significa una doble presión destructiva sobre el territorio, sobre la naturaleza, sobre las economías locales, sobre las comunicaciones comarcales o regionales, y para acabar, sobre las relaciones sociales que sostienen su dinamismo. El carácter masificador y destructor de la nueva economía es consustancial a la nueva etapa del capitalismo, hasta el punto de dominar sobre cualquier otro aspecto. Cada edificio, cada monumento, cada zona residencial, cada pista de esquí y cada campo de golf, se levanta sobre ruinas sociales todavía visibles; cada línea de alta tensión, cada autovía y cada TAV, discurren por territorios devastados, cuyas enormes heridas no logran ocultar ni la pintura, ni el ajardinamiento.

La destrucción se complementa con el despilfarro y la inutilidad, por lo que el AVE, la infraestructura que reúne a la perfección esos tres trazos, los propios del totalitarismo, ha de simbolizar más que ninguna otra la lógica depredadora de la clase dirigente, la que preside sin que demasiada gente se percate la mayor contrarrevolución habida en Asturias.

El AVE es realmente un tren costoso, destructivo e innecesario, particularmente el asturiano. Cada kilómetro cuesta 50 millones de euros, contra los 12 que costaba el de Sevilla. El precio del billete saldrá mucho más caro que el de los trenes de largo recorrido, que se suprimirán, e incluso que el de los puentes aéreos. La cantidad de túneles, viaductos, terraplenes y escombrerías, sumada a los destrozos causados por las mismas interminables obras –de largo lo más insufrible– garantiza un impacto que los habitantes de las proximidades nunca podrán olvidar. La destrucción afectará, como ya ha ocurrido en otros lugares, a las infraestructuras ferroviarias de cercanías, forzando así al uso multiplicado del automóvil. Pero lo mejor de todo es que el TAV asturiano no sobrepasa el nivel mínimo de utilidad. Competirá con desventaja con el avión, puesto que a pesar de la lejanía de los aeropuertos, la duración global del trayecto en tren Madrid-Oviedo superará en más de una hora la del aéreo. Y, pese a tanto vandalismo territorial, atravesar el principado, es decir, ir de Pola de Lena a Gijón, apenas adelantará en un cuarto de hora al tren convencional puesto que la velocidad media nunca superará los 176 kilómetros por hora. Cualquier crítica que se detenga en estas cuestiones, como la que hacen los alcaldes de los municipios afectados o los ecologistas locales, es igual de inútil que la infraestructura cuya construcción pretenden detener. Primero, porque lo que lo que para la gente corriente, en el supuesto de que la hubiera, es un defecto tremendo y una agresión inaceptable, para los dirigentes es una virtud y una demostración de fuerza. Los dirigentes tienden al despotismo, a la egolatría y a la irresponsabilidad ¿Y qué más prueba de faraonismo, megalomanía e irracionalidad que la construcción de una obra carísima, perjudicial e innecesaria? Segundo, porque los dirigentes regionales compiten unos con otros –véanse si no los aspavientos del presidente cántabro– y el TAV marca la diferencia.

Además, aunque parezca incomprensible, el TAV produce réditos electorales, cosa que obliga a toda candidatura, ecologista o no, a no pronunciarse en contra si quiere conservar sus posibilidades.

Pese que la construcción del TAV puede tacharse de verdadero acto terrorista, la población se halla en un estado de indignidad tan avanzado que es capaz de digerir cualquier bazofia que le echen y reproducir a pies juntillas el discurso del poder hasta en los menores detalles. La oposición al TAV ha de abandonar el terreno de las alegaciones y las denuncias, de las recogidas de firmas y los callejones sin salida de la ley, para presentar batalla en todo el territorio. Ha de romper el secretismo del poder abriendo canales propios de contrainformación, buscar aliados donde los haya y movilizar a un sector numeroso de la población. Solamente así podrá romper el cerco informativo y permitirse un mínimo debate público que altere la correlación de fuerzas, hoy abrumadoramente favorable a la dominación. La oposición lo tiene todo en contra salvo un par de detalles que sin duda pueden beneficiarla: por un lado, la crisis económica que recorre el país y agota las arcas del Estado. La falta de dinero ralentizará e incluso paralizará temporalmente las obras, con lo que se ganará tiempo, un factor táctico fundamental para el combate. Por el otro el escaso dinamismo de la economía asturiana, en las postrimerías de la reconversión, con una demografía estancada, la menor tasa de natalidad del Estado, mucho paro, una caída preocupante de la productividad y un grado de innovación tecnológica que podríamos calificar de ridículo, quita peso a las fuerzas vivas locales y las predispone al sacrificio ante la menor dificultad social. Por consiguiente, pese a su sumisión, la oligarquía asturiana tiene menos influencia en Madrid digamos que la vasca, y si las obras del TAV por Euskal Herria casi han parado, ¿qué podemos esperar de de las asturianas? En estas condiciones hasta una discreta protesta puede obtener excelentes resultados.

La lucha contra el TAV es al mismo tiempo un pulso contra el modelo social que necesita de ese artilugio y sobre todo contra el Estado, un pulso en el que los dirigentes no tienen empacho a recurrir a la violencia y a la criminalización. No se puede separar la alta velocidad del turbo capitalismo, ni en el plano económico, ni en el político, ni en el moral. El movimiento de protesta, condicionado por el terrorismo institucional Pro TAV, ha de ser asambleario y emplear tácticas que puedan contrarrestarlo.

La autodefensa será ante todo resistencia. Debe formular intereses generales y fundirlos con los vecinales, lo que significa que ha de abandonar el terreno político de la dominación incluso a nivel comarcal o local. El dominio del capital abarca todos los aspectos de la vida social, integrándolos y mercantilizándolos, de forma que su cuestionamiento no puede partir desde dentro. Al igual que las luchas obreras tuvieron a su enemigo interior en los partidos y los sindicatos, las luchas antidesarrollistas tienen al suyo en los ecologistas ciudadanistas y municipalistas. Cualquier movimiento que no rebase los límites de la mediación institucional será rápidamente absorbido. La contestación no puede centralizarse en nada acotado por el capitalismo, sean conflictos laborales o territoriales. No podemos oponer un modelo de capitalismo a otro. La cuestión social salió de las fábricas para reaparecer en el rechazo del consumo y del espectáculo, en el combate contra las grandes infraestructuras, en la reivindicación de la soberanía alimentaria y en la defensa del territorio, en la agricultura biológica y en las comunidades libres de resistentes, en las asambleas vecinales autónomas y en la secesión anticapitalista. Pero no lo logrará si se detiene ante la inmensidad de sus tareas y da marcha atrás. La aspiración última de desmantelar las conurbaciones y reequilibrar el territorio no es otra cosa que la voluntad manifiesta de acabar con el capitalismo y el Estado. Hay que tenerlo claro.

Para la charla de Riosa con la plataforma anti TAV, 9 de octubre de

2010.

La restructuración espacial de la sociedad capitalista y sus consecuencias

Miquel Amorós

Vivimos inmersos en un proceso de globalización del espacio, es decir, de completo sometimiento del espacio a las leyes de la economía global, por lo que a menudo, en las ciudades y pueblos marginados por la corriente económica actual no faltan voces que clamen por nadar en ella cuanto antes.

La panacea del mal económico resulta ser casi siempre una macro infraestructura: una autopista, un mega puerto, una parada del tren de alta velocidad, un complejo turístico... A las voces de la oligarquía local, se unen a veces las de la masa asalariada, convencida de las bondades desarrollistas. Dicen que “el progreso” es necesario, que así se saldrá del “atraso”, que habrá “trabajo”, y, por lo tanto, “dinero”. Los intereses dominantes, los de la clase dominante, se manifiestan siempre como intereses generales, y cuanto mayor sea el dominio sobre la población, mayor será su identificación con ellos. En la actualidad, cuando la penetración del capital alcanza todos los ámbitos de la actividad humana, los individuos piensan lo que el capital quiere: no son ellos los que existen, a no ser como abstracción, porque no piensan realmente; su pensamiento ha sido programado. Cuando hablan, escuchamos a la mercancía promocionando su mundo. Para usar conceptos como progreso, atraso, trabajo o dinero, sin caer en los tópicos del lenguaje de los dirigentes, hay que comprender su verdadero significado, y para poder hacerlo hay que situarse fuera de los hábitos de pensar de la dominación. Pensar, o ser, equivale a cuestionar.

En primer lugar hay que preguntarse por el significado real de la construcción de una infraestructura de grandes dimensiones, pues desde luego, generará una importante demanda de trabajo, aunque temporal y de mala calidad, y conseguirá en las coyunturas favorables una elevación del nivel de consumo entre los asalariados, una mayor mercantilización de su vida, o lo que viene a ser lo mismo, un crecimiento de “la clase media”. Aumentará tanto la población como la circulación, se producirán desarrollos urbanísticos, se construirán centros comerciales y hoteles, se venderán más coches y se abrirán nuevas sucursales bancarias. Se impondrá un nuevo estilo de vida, más motorizado y consumista, con prótesis tecnológicas cada vez más imprescindibles, etc., cuyas secuelas en forma de accidentes de tráfico, infartos y suicidios quedarán reflejadas en las estadísticas. Y hay que contar con que dicha infraestructura también causará un impacto negativo en el entorno y aportará una mayor artificialización del medio ambiente. Aumentarán asimismo las desigualdades sociales y la anomia, o sea, el grado de descomposición social, con todas sus consecuencias necesarias: corrupción, masificación, atomización, exclusión, agresividad, neurosis, miedo, control, racismo...

Crecerá la producción de basuras y la contaminación, el ruido, las detenciones de indocumentados, ladronzuelos y traficantes, la especulación inmobiliaria y otras formas expeditivas de enriquecimiento, la corrupción política, la degradación de la sanidad, la enseñanza y la asistencia públicas, etc. Son males inherentes al desarrollo capitalista, que de todas formas van a ocurrir; las infraestructuras solamente acelerarán su llegada y contribuirán a su intensificación. Las grandes infraestructuras son una exigencia de la mundialización capitalista, de la nueva división internacional del trabajo, donde predominan la circulación y los “lujos” sobre la producción y los lugares. Ayudan a colocar “en el mapa” a las antiguas metrópolis convirtiéndolas en nudos de la red internacional mercantil. El capital, dueño del espacio, lo reestructura adaptándolo a las necesidades del momento. Bajo el capitalismo global, se vuelven obsoletas tanto las instituciones independientes o las administraciones autónomas, como los mercados locales. Las antiguas ciudades se transforman en aglomeraciones urbanas impersonales en expansión permanente, lugares de entretenimiento y consumo a gran escala, verdaderos agujeros negros que absorben energías, mercancías y vidas, asentamientos sin espacio público, sin tiempo, sin historia ni cultura específica, transparentes, tematizados, simplificados. Es el resultado de una victoria; la del capital.

El final de una etapa basada en la economía industrial ligada a mercados nacionales bajo protección estatal y apoyo sindicalista ha desorganizado el espacio, reduciéndolo a fragmentos desconectados, sin función alguna. Mientras las antiguas metrópolis luchan por un lugar en la economía globalizada, domiciliando sedes y acaparando tareas de gestión y dirección, los pedazos del sistema urbano y territorial que las envolvía han de gravitar de nuevo a su alrededor buscando rozarse con los “flujos” internacionales, es decir, integrarse en la conurbación metropolitana ofreciendo espacio y demás facilidades para la globalización de su economía. Las ciudades pequeñas y el campo, en decadencia y “atraso” por padecer las consecuencias del cese o la deslocalización de actividades productivas, han de sobrevivir –han de acumular capital– en la proximidad de los nudos de la red mundial. Por lo que no tienen otra salida que reclamar su parte, su infraestructura, para encajar en algún anillo suburbano. En la periferia de las conurbaciones se libra una batalla aparente por la economía globalizada, a la que se exige un incremento en el ritmo, un grado mayor de destrucción territorial. Parece que la salvación venga de manos de la horca. Desmontar el discurso “progresista” y desenmascarar los intereses que se ocultan tras él es ya una tarea inexcusable. La libertad y la felicidad humanas serán la obra de quienes hayan sabido evitar aquello que los dirigentes llaman “desarrollo”, “progreso” y “trabajo”. Cuando es fruto de una resistencia consciente, el “atraso” es revolucionario.

Agosto 2009. Publicado en “Al Margen”, nº 71, otoño 2009.

CUANDO EL CAPITALISMO SE VUELVE ECOLOGISTA

Miquel Amorós

Desde que el capitalismo se aposentó en el planeta no ha hecho otra cosa que destruir el medio natural para forjar uno propio donde crecer obligando a los individuos a adaptarse. La ciencia y las técnicas adquirieron un impulso decisivo y un amplio desarrollo merced a las resistencias a tal adaptación, al punto que el capitalismo no solamente ha sabido superar todos los obstáculos, sino que los ha ido convirtiendo sistemáticamente en una oportunidad de expansión. El crecimiento, tan inherente a su naturaleza, no se detendrá mientras la humanidad explotable exista, y ese es precisamente el nuevo desafío que el capitalismo tiene ante sí. El crecimiento genera trastornos económicos y sociales semejantes a los de las guerras.

El sistema productivo es a medida que crece más y más destructivo. La colonización mercantil del territorio y de la vida, del espacio y del tiempo, no puede detenerse sin cuestionar sus fundamentos, ni progresar sin poner en peligro la misma especie. En consecuencia, la crisis ecológica conduce a la crisis social.

El capitalismo ha de seguir creciendo para que eso no ocurra, pero sin que los afectados tomen conciencia de las graves amenazas que acompañan al crecimiento. Para ello ha de improvisar medidas económicas, tecnológicas y políticas que a la vez que disimulen sus desaguisados, permitan convivir con ellos y sacarles partido. La producción y el consumo están, como dirían los expertos, ante “un cambio de paradigma”. Los hábitos de consumo, junto con las actividades empresariales y políticas, han de ejercerse de otra manera, obviamente no para salvar la naturaleza, ni siquiera para preservar la especie, sino para salvar al propio capitalismo. Por eso a los políticos el corazón se les hace verde. Por eso el capitalismo se vuelve ecologista. Desde ese nuevo punto de vista, la ecología no es incompatible con la acumulación de capital, sino que es su condición obligada. Como decía con más suavidad un ministro de Hacienda británico: “podemos ser verdes y crecer al mismo tiempo. En realidad, si no somos verdes acabaremos minando el crecimiento” (Informe Stern, 2006).

El despertar de la conciencia ecológica fue temprano. Ya en 1955 Murray Bookchin había advertido sobre el peligro para la salud de los aditivos alimentarios, y en 1962 él mismo y la doctora Rachel Carson denunciaron el efecto nocivo de los pesticidas.

La abundancia prometida por el capitalismo resultaba una abundancia envenenada. “La crisis está siendo avivada por aumentos masivos de la contaminación del aire y del agua; por una acumulación creciente de desperdicios no degradables, de plomo residual, de restos de pesticidas y aditivos tóxicos en la comida; por la expansión de las ciudades en vastos cinturones urbanos; por el incremento del stress debido a la congestión, al ruido y a la vida masificada; y por las injustificables cicatrices de la tierra como resultado de explotaciones mineras y madereras y por la especulación sobre el patrimonio. Como resultado la tierra ha sido expoliada en pocas décadas a una escala sin precedentes en la ocupación humana del planeta. Socialmente, la explotación y manipulación burguesas han llevado la vida cotidiana al nivel más extremo de vacuidad y aburrimiento. En tanto que sociedad, ha sido convertida en una fábrica y un mercado, cuya razón fundamental de existencia es la producción en su propio beneficio y el consumo en su propio beneficio” (Anarquismo en la sociedad de consumo, 1967). La desruralización, la industria alimentaria, la quimicalización de la vida y la lepra urbanística impusieron un modelo de vida consumista y embrutecedor, egoísta y neurótico, inmerso en un ambiente artificial y atomizante. Como conclusión de una época de revueltas –el gueto negro americano, el movimiento pacifista británico, los provos holandeses, la juventud alemana, mayo del 68, etc.– Guy Debord apuntaba: “La polución y el proletariado son hoy los dos lados concretos de la crítica de la economía política. El desarrollo universal de la mercancía se ha verificado enteramente en tanto que realización de la economía política, es decir, en tanto que ‘renuncia a la vida’. En el momento en que todo entró en la esfera de los bienes económicos, incluso el agua de los manantiales y el aire de las ciudades, todo devino mal económico. La simple sensación inmediata de los efectos nocivos y de los peligros, a cada trimestre más opresivos, que primero y principalmente agreden a la gran mayoría, es decir, a los pobres, constituye un inmenso factor de revuelta, una exigencia vital de los explotados, tan materialista como lo fue la lucha de los obreros del siglo XIX por la comida. Ya los remedios para el conjunto de enfermedades que crea la producción en este estadio de la producción mercantil son demasiado caros para ella.

Las relaciones de producción y las fuerzas productivas han alcanzado un punto de incompatibilidad radical, pues el sistema social existente ligó su suerte a la consecución literalmente insoportable de todas las condiciones de vida.” (Tesis sobre la Internacional Situacionista y su tiempo, 1972).

Aunque el planteamiento de la lucha de clases era puesto en términos históricos exactos, la capacidad del capitalismo por sobrevivir a sus catástrofes era infravalorada tanto como sobrevalorada la capacidad de la conciencia histórica para convertirse en fuerza subversiva. Así, mientras los trabajos de Mumford, Charbonneau, Russell, Ellul o Bookchin pasaron casi desapercibidos, y la conciencia ecológica quedaba atrapada en el misticismo o el posibilismo, lejos de un proletariado indiferente, el capitalismo superó sus contradicciones cuantitativamente, con un salto hacia adelante, desarrollando una industria nuclear, incrementando la producción de automóviles, creando una nueva generación más peligrosa de pesticidas, inundando el mercado de productos químicos letales y lanzando a la atmósfera miles de toneladas de contaminantes gaseosos. Cuando en la década siguiente tales soluciones condujeron a catástrofes como las de Chernobil, Seveso, Bophal, la del Síndrome Tóxico producido por organofosforados y atribuido al aceite de colza, el agujero en la capa de ozono o el aumento del efecto invernadero, por no hablar de la destrucción de gran parte del territorio debida a la urbanización y el turismo, apenas hubo oposición y el movimiento ecologista que surgía de ella se convertía en el cómplice del capitalismo y el renovador de su política. Los dirigentes de la economía y del Estado, al contemplar las consecuencias catastróficas de su gestión, lejos de amilanarse se erigieron en campeones de la lucha contra el desastre, con la ayuda de expertos y ecologistas, proclamaron un estado de excepción ecológico, es decir, una economía de guerra que movilizaba todos los recursos, naturales y artificiales, para ponerlos al servicio del desarrollismo global, incorporando el coste ambiental, o sea, el precio de la reconstrucción paisajística y los gastos necesarios para fijar un nivel de degradación soportable. La Encyclopédie des Nuisances fundó su causa en la denuncia de esa operación de maquillaje como coartada ecológica de la dominación:

“El ecologismo es el principal agente de la censura de la crítica social latente en la lucha contra los fenómenos nocivos, es decir, esa ilusión según la cual se podrían condenar los resultados del trabajo alienado sin atacar el propio trabajo y a la sociedad fundada en su explotación. Ahora que todos los hombres de Estado se vuelven ecologistas, los ecologistas no dudan en declararse partidarios del Estado... Los ecologistas son en el terreno de la lucha contra los fenómenos nocivos, lo que son en el terreno de las luchas obreras los sindicalistas: meros intermediarios interesados en la conservación de las contradicciones cuya regulación ellos mismos aseguran... meros defensores de lo cuantitativo cuando el cálculo económico se extiende a nuevos dominios (el aire, el agua, los embriones humanos, la sociabilidad sintética, etc.); en definitiva, son los nuevos comisionistas de la sumisión a la economía, el precio de la cual ha de integrar ahora el costo de “un entorno de cualidad”.

Ya podemos vislumbrar una redistribución del territorio entre zonas sacrificadas y zonas protegidas, coadministrada por expertos “verdes”, una división espacial que regulará el acceso jerarquizado a la mercancía-naturaleza.” (Mensaje dirigido a aquellos que no quieren administrar la nocividad sino suprimirla, 1990).

La optimización mundial de recursos se materializó en cosas como la agricultura transgénica, el mal de las vacas locas o la gripe aviar; de hecho el estado de excepción ecológico denunciado por la EdN convirtió el planeta en un inmenso laboratorio de experimentación tecnocientífica, y a toda su población en cobayas. La catástrofe perdió su carácter nacional y con la globalización se salió del ámbito estatal. La crisis ecológica no podía circunscribirse a determinadas zonas súper industrializadas y requería medidas globales. Así nacieron las cumbres medioambientales que entre 1988 y 1997 fijaron las pautas del desarrollo capitalista para los años venideros: Toronto, Río de Janeiro, Copenhague y Kyoto. En ellas se lanzaron fórmulas creativas para salvar el desarrollo y combatir el cambio climático sin modificar el sistema dominante: agendas 21, desarrollo sostenible, desarrollo social, desarrollo local... Puras contradicciones terminológicas, puesto que el desarrollo nunca es local, social o sostenible, ya que el capitalismo nunca funciona en interés de la localidad, de los oprimidos o de la naturaleza. Pero lo que tienen claro los dirigentes de la economía mundial es que ningún eufemismo desarrollista, aun sosteniéndose en tecnologías modernas, puede funcionar sin las medidas políticas y sociales capaces de reeducar a la población en los nuevos hábitos consumistas que las hagan rentables, pues es la adopción masiva de dichas tecnologías lo que abarata su aplicación y estimula las iniciativas empresariales en esa dirección. La lucha contra el cambio climático puede verse favorecida objetivamente por el encarecimiento imparable del petróleo y demás combustibles fósiles, pero corresponde a los “poderes públicos”, es decir, a los políticos, al menos en una primera fase, promover el negocio medioambiental obligando a la población a usar tecnologías “bajas en carbono” y a consumir productos y servicios catalogados como “respetuosos con el medio ambiente”, o imponiendo una “nueva fiscalidad” que reconcilie la “cultura empresarial” con la naturaleza y que penalice las viejas costumbres contaminantes y el despilfarro energético, normales hasta ayer, pero hoy punibles por el bien de la economía. Y de esta manera, el Estado, los partidos, las instancias internacionales, y en menor medida los “foros sociales”, las ONGs y los “observatorios” de sostenibilidad, ejercen el papel de mecanismos reguladores que habían perdido en los inicios de la globalización.

Auxiliares de la transición mundial hacia una economía también “baja en carbono”. De golpe, el control de la producción de cemento, de fertilizantes o de fibras sintéticas, el reciclaje de residuos, la reforestación, la construcción de nuevas centrales nucleares, de desaladoras o de campos de golf, la inversión en energías renovables o el cultivo de agro combustibles, se convierten en decisiones políticas, y por la vía política, en cuestión de Estado. Al mismo tiempo, todos los dirigentes económicos y políticos descubren que son ecologistas. El aislamiento térmico, la iluminación de bajo consumo, las nuevas directrices para la edificación o la fabricación de motores para vehículos, y, en general, la reestructuración de todo tipo de actividades, exigen una potente financiación a la que no acompaña una rentabilidad suficiente y que, por lo tanto, el mercado no puede asumir. Toca al Estado y a la burocracia política arrimar el hombro.

Las preocupaciones ecológicas de los dirigentes obedecen a la mercantilización total del planeta provocada por la necesidad constante de crecimiento del capital. Las destrucciones provocadas por el desarrollo de la producción son de tal magnitud que exigen una gestión controlada no sólo de los medios de producción y de las fuerzas productivas, sino del territorio, de su cultura y su historia, de la flora y la fauna, del agua y del aire, de la luz y del calor, ahora convertidos en “recursos”, es decir, materias primas de actividades terciarias y fuerzas productivas de nuevo tipo. La revitalización institucional que el cambio productivo y la “seguridad energética” demandan ha puesto de nuevo en circulación al partido del Estado, o sea, a la burocracia político administrativa, y no hablamos sólo del conglomerado de socialdemócratas, neoestalinistas, verdes y ciudadanistas. Un reformismo aparente se erige como doctrina de moda –como ideología– que hasta los conservadores y derechistas aceptan, pues todo el mundo comprende que hay que contener a los refractarios, alejar el horizonte de la catástrofe y ganar tiempo para la economía. Frente a un capitalismo contrario a trabar el desarrollo mediante el control de emisiones, un capitalismo sospechosamente altruista presenta el rostro humano de la destrucción hablando de sostenibilidad y de educación ciudadana, de consumo responsable y de eficiencia energética, de paneles en las azoteas y de ecotasas, sin que se detenga un ápice el trazado de autopistas, las líneas del TAV o la depredación urbanizadora.

Desarrollismo tradicional contra desarrollismo ambientalista.

Evidentemente, los costos de la dominación se han disparado con la polución, el calentamiento global y el cénit de la producción de petróleo, situación que el mercado no puede resolver como en ocasiones anteriores. Tampoco el despegue del sector económico medioambiental es suficiente. La pervivencia del capitalismo necesita una movilización general a escala local, nacional e internacional, de todos los dirigentes en Pro de la explotación Laboral y social reconvertida, en Pro del modo de vida sometido a los imperativos del consumo renovado; el Estado, en tanto que mecanismo de coerción, resulta de nuevo rentable. Esa es la carta del eco capitalismo y de sus servidores de izquierdas o de derechas. No es descartable que el proceso de reconversión pueda encontrar serias resistencias en la población que lo sufre, por lo que han de desarrollarse formas de control social adecuadas, empezando por las escuelas, los medios de comunicación, la asistencia social, etc., hasta llegar a la policía y el ejército.

El capitalismo y la burocracia no tienen ideales que realizar sino un orden que defender, a escala local y mundial. Para ellos los problemas en política exterior y los conflictos sociales son directamente problemas de seguridad, que en último extremo se resuelven manu militari. El eco fascismo será la forma política más probable del nuevo reino ecológico de la mercancía.

En ausencia de luchas serias, o lo que es lo mismo, en ausencia de la conciencia histórica, aparecen al lado de seudo reformistas que nos venden su “pragmatismo” y sus “pequeñas conquistas” en favor de la política institucional y del modelo capitalista, verdaderos utopistas que nos hablan de “convivialidad”, pues para ellos el remedio a tanto mal no ha de venir de una lucha de liberación sino de la aplicación pacífica de una fórmula milagrosa, en este caso la del “decrecimiento.” Las medidas a realizar no van a resultar de un conflicto nacido del antagonismo de un sector de la población con el conjunto de la sociedad industrial y consumista, sino de una serie de iniciativas particulares convivenciales, de buen rollo, a ser posible incentivadas institucionalmente y defendidas por partidos, “redes” o ONGs, que tengan la virtud de convencer de las ventajas de salirse de la economía. Los partidarios del “decrecimiento” desconfían de las vías revolucionarias: sobre todo, que no pase nada.

Y nada puede pasar puesto que el capitalismo tolera un cierto grado de autoexclusión en la sociedad que coloniza, pues de hecho buena parte de la población mundial está excluida del mercado y vive al margen de las leyes económicas. Incluso puede sacar beneficios de la autoexclusión a través de programas de ayuda, turismo alternativo y subvenciones. Es lo que los expertos llaman economía del “tercer sector”, ya estudiada por el principal responsable de la política pública americana durante la presidencia de Clinton, Jeremy Rifkin. En su obra de 1994 “El fin del trabajo”, da por sabido que la globalización y la desregulación del mercado laboral obligarán a una organización de los electores que podría restablecer el sentimiento ciudadano, la política burguesa clásica y el Estado interventor: “Conseguir una transición con éxito hacia la era posmercado, dependerá en gran medida de un electorado estimulado, que trabaje a través de coaliciones y movimientos, para lograr transferir tantas ganancias de la productividad como sean posibles del sector del mercado al tercer sector (...) Mediante la creación de una nueva unión entre el gobierno y el tercer sector, cuya finalidad sea la de reconstruirla economía social, se podrá ayudar a restaurar el sentimiento cívico en cualquier sociedad.” Sin embargo, desde el punto de vista de la emancipación social, no se trata de modificar gradualmente los márgenes del sistema capitalista, sino de fundar una sociedad nueva. Transformar el mundo, no refugiarse en islotes.

EL TERRITORIO PRELITORAL MEDITERRÁNEO COMO TARJETA POSTAL

Miquel Amorós

La ordenación del territorio peninsular según el interés del capital ha roto el equilibrio entre territorio interior y periferia costera, quedando la población concentrada en el litoral, la capital del país y las capitales regionales, mientras el resto del territorio continúa con su despoblamiento. El 60% de la población habita en municipios costeros pero de cumplirse los planes aprobados en los consistorios afectados subirán diez puntos en los próximos diez años. Desde 1900 a 2001 han desaparecido 1200 municipios que albergaron en su día cerca de dos millones de habitantes. La población se incrementó en 22 millones durante el mismo periodo, de los cuales el 40% vive en siete conurbaciones que no representan más que el 1% del territorio. El paso de una economía productora de bienes a otra de servicios ocurrido durante la globalización no hace sino acelerar el proceso: merced a una urbanización desbocada la costa queda completamente destruida, mientras que el interior cercano muda en una reserva de suelo donde continuar la actividad inmobiliaria.

Dada la escasa presencia de las ciudades mediterráneas en las finanzas internacionales, el declive de la industria y el ocaso de la agricultura, la construcción aparece como el único motor de la economía, y el urbanismo salvaje, como la única herramienta para acumular rápidamente capital. Los permisos de construcción son la principal fuente de financiación de los ayuntamientos y más del 70% de la recaudación tributaria de los gobiernos regionales tienen que ver con la compraventa de vivienda nueva o de segunda mano (transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentales, etc.).

La economía terciaria es despilfarradora de espacio; acarrea una explotación extensiva del territorio, el cual queda sometido a fuertes presiones especulativas, fruto de los incesantes movimientos al alza del mercado del suelo y de la vivienda, estimulado en primer lugar por la demanda local de segundas residencias. Todo ello favorecido por leyes permisivas, complicidad política y corrupción administrativa. Fin de la distinción entre campo y ciudad. El espacio del capital deja de ser exclusivamente el territorio urbano, o lo que viene a ser lo mismo, todo territorio exterior a las metrópolis es potencialmente metropolitano. La estructura territorial de pueblos y ciudades de dimensión mediana, rodeados por huertas y comunicados en red, queda radicalmente cambiada.

La mejora de los accesos viarios desde la misma orilla del mar y la conversión por la retaguardia de la N-340 en autovía, al favorecer el transporte, facilita el trueque de la actividad productiva en comercial y logística –es decir, la terciarización–, de forma que el territorio prelitoral se vuelve satélite de la alargadísima conurbación costera, ya “vertebrada” por la autopista A7.

Una vez saturado el litoral, la presión de los promotores se traslada a la segunda y tercera línea de la costa, al otro lado de la autopista. A fin de aumentarla, la Generalitat valenciana impulsa en la provincia de Alicante la construcción de nueve autovías “de alta capacidad”, una “malla” de 180 Km. que conecta con eficacia el interior con la conurbación costera. Los pueblos y ciudades hasta cincuenta o sesenta kilómetros tierra adentro entran en el mercado inmobiliario con fuerza, y el suelo, transformado en paisaje, ofrece posibilidades de grandes plusvalías gracias a una recalificación que permita la construcción de segundas residencias e instalaciones turísticas. O aunque no lo permita; el trabajo sucio que prepara el terreno es llevado a cabo por pequeñas constructoras e inmobiliarias locales, que edifican en suelo no urbanizable, en parcelas agrarias o en espacios protegidos. La inmensa demanda de agua, siempre escasa en la zona, de las urbanizaciones y los campos de golf obliga a la construcción de embalses y trasvases aberrantes, que con la consiguiente desecación de los acuíferos, los humedales y las fuentes, elimina los ríos. La demanda de energía hace que en las lomas peladas las eólicas sustituyan a las carrascas y que las líneas de alta tensión surquen el terreno y amenacen la salud de sus habitantes, como los desperdicios que se acumulan y contaminan las capas freáticas de los suelos. Se generan siete kilos diarios de residuos por habitante. Los bosques padecen sobredosis de incendios, mientras que los caminos son borrados por las carreteras que de paso subrayan a picotazos el paisaje calizo de las montañas, mordidas por las canteras.

En el mar y en la montaña se oye el mismo discurso de la mercancía. La identidad territorial, aquello que volvía únicos los lugares, ya no existe. Por todas partes donde han construido los vándalos el espacio se ha banalizado, se ha vuelto vulgar e igual a cualquier otro, ha sido proletarizado. Sin embargo, la singularidad local no dependía tanto del espacio como de sus gentes, de su modo de vivir, de sus costumbres, de sus tradiciones. Por eso la conservación del lugar como paisaje termina en cierto modo de clavar el puñal a lo propio, pues nada distingue ya a un aldeano de un urbanita, ni a uno de ellos de su vecino de al lado; hablan la misma lengua con el mismo acento, conducen los mismos coches hacia lugares idénticos, comen la misma comida industrial, ven los mismos programas de televisión, y en definitiva, tienen la misma mentalidad e igual idea mercantilizada del tiempo y de la existencia. De hecho, gracias a la motorización generalizada nadie es cien por cien de ninguna parte; los habitantes de los pueblos suelen trabajar en las ciudades y viceversa, de forma que el asfalto que los comunica deviene un hábitat común, pues todos pasan en él una parte significativa de su tiempo. Finalmente, los movimientos migratorios completan el panorama del desarraigo.

Cada vez son más los residentes de origen europeo de mediana edad que se instalan para gozar de un clima benigno, y, en el otro extremo, cada vez abundan más los trabajadores foráneos que expulsados de sus países por la miseria, buscan su subsistencia lejos.

El mercado del suelo es un mercado global, que escapa al control no ya de los propietarios, sino al de los especuladores locales. Las decisiones que determinan los cambios que experimenta el territorio no dependen de sus habitantes, sino del humor de ejecutivos que probablemente nunca lo han hollado y que no tienen en cuenta más que la rentabilidad de las cédulas hipotecarias o las variaciones del euribor. El territorio ha de poseer una nueva identidad de mercado con la que competir con otros. Por desgracia, los dirigentes de los pueblos y ciudades pequeñas, aunque no sean corruptos, hacen la cama a las inmobiliarias al esforzarse en promocionar una imagen de marca que atraiga a los visitantes, y, por supuesto, que acerque a los inversores, con lo que el proceso de destrucción prosigue inexorablemente.

La manzana de la salvación que las finanzas exteriores ofrecen a las poblaciones después de haberlas arruinado, es un fruto ponzoñoso, pero los pueblos medio muertos y las ciudades en quiebra no tienen otra opción: o ponen su territorio a rendir, o languidecen en la decadencia. Es el momento en el que intervienen las clases medias que han surgido durante el tránsito a la economía de servicios, gracias a plataformas cívicas que reivindican una “nueva cultura del territorio”. Dicha cultura consiste en la reinversión de una parte de los beneficios de la destrucción en el propio territorio, con vistas a seguir rentabilizándolo. La acumulación de capital se prolonga en la reconstrucción territorial de acuerdo con tópicos ecologistas salpicados de folklore local. No se preserva así la identidad para sus habitantes sino la imagen para los negocios. No se impide la catástrofe ambiental y social, sino que se cogestiona con el objetivo de no perjudicar los nuevos intereses locales económicos y políticos. Los numerosos “Salvem” no salvan entonces al territorio del mercado, lo salvan para el mercado.

La resistencia a la destrucción y a la reconstrucción folklórico-mercantil del territorio ha de basarse en estrategias que paralicen el mercado del suelo desde un modo de vida no consumista ni motorizado. Una forma de vivir autónoma necesita ser autosuficiente al menos en cuanto a las necesidades elementales, pero sobre todo ha de ser comunitaria. Implica por un lado la relocalización de las actividades tradicionales abandonadas, como la agricultura biológica, los talleres artesanos y la pequeña industria cooperativa. Por otro lado, la propiedad comunal y el derecho consuetudinario. O sea, por un lado, el autoabastecimiento, el trueque y, en definitiva, la recolocación del territorio fuera de la geografía del capital. Por el otro, la creación de lugares de encuentro y discusión, la revitalización de la cultura y la vida pública. La forma espacial de la libertad es la autogestión territorial mediante asambleas comunales. La asamblea municipal, elemento fundamental de la democracia directa, ha de detentar el poder por encima de cualquier otro órgano. Son las únicas instituciones donde un interés general puede formularse en una sociedad descentralizada. Cuidado con las coordinadoras, los consejos económicos o los comités de ciudadanos, porque en la medida que escapan al control asambleario introducen al Estado o al Mercado por la puerta falsa. Pero también la asamblea en sí puede llevar al mismo resultado; si la conciencia social es baja y el amor a la libertad nulo. Solamente las asambleas pueden constituir los municipios como comunidad de intereses y a través de ellas gestionar libremente el territorio, pero todo dependerá del apasionamiento de los individuos que las compongan. Los organismos de la libertad están hechos de hombres libres.

Charla en el centro social de l’Estació, Albaida (Valencia), 14 de octubre de 2006.

Relación abreviada de la destrucción del territorio peninsular

Miquel Amorós

La sociedad capitalista ha alcanzado su cénit colonizando todos los rincones del planeta y absorbiendo todos sus elementos para ponerlos al servicio del mercado. Todo lo que un día tuvo su valor de uso, ahora tiene un valor de cambio. El resultado de tanta modernización no logra esconder un sentimiento de pérdida que el genio capitalista inmediatamente convierte en un nuevo factor de producción.

La nostalgia de lo natural hace que los modernos consumidores se vuelquen hacia los productos con ese apelativo comercial, compren segundas residencias en zonas ajardinadas y visiten escenarios arreglados para parecer salvajes, donde pueden pasar unos días “de aventura” y sentirse como Robinson Crusoe en su isla. Hoy, desde cualquier ángulo en que se mire, todo el mundo se considera ecologista; a nadie se le ocurriría declararse contra la ecología o el medio ambiente, aunque, en cambio, puede que sí lo hiciera si se tratase de inmigrantes, anarquismo, aborto, revolución o sexo libre. A todo el mundo le encanta la naturaleza. Sin embargo, lo que hoy se trata de preservar no es la naturaleza en cuanto a tal, o si se quiere, el territorio; es más bien una imagen a la que ya se le ha puesto precio y de la que tan sólo queda por discutir la modalidad de su explotación.

Un problema pues, simplemente fiscal, y sobre todo, una optimización de beneficios. Las plataformas ecologistas del tipo “salvemos el ...” o “en defensa de ...” no pretenden rellenar la grieta que la economía de mercado ha provocado entre el territorio y sus habitantes. Esta separación es la base de la actual organización social, a la que no se cuestiona en absoluto aunque comporte la destrucción del territorio y, a la larga, de la vida que alberga. Solamente se quiere que dicha destrucción sea más digerible y, ante todo, que sea pactada. Los “verdes” razonan en términos de mal menor y con una seriedad verdaderamente cómica nos transmiten un mensaje atrabiliario: para ganar una batalla hay que perder la guerra.

Entendemos por territorio, no el paisaje “protegido” oropel de lo urbano, ni tampoco la parte de suelo aún no urbanizada. Territorio es el espacio geográfico donde ocurren todas las actividades humanas. Lo que llamamos territorio es un hecho histórico; en la medida en que la humanidad interacciona con él encontramos historia en cada uno de sus rincones, que podemos seguir en las variaciones del concepto de naturaleza dominantes en cada época, en las distintas representaciones filosóficas o religiosas de la idea. Vida, trabajo, instituciones, economía, naturaleza, forman un todo articulado. Las ciudades también son inseparables de los pueblos, los campos, los bosques y las montañas.

Todo está relacionado con todo. Si la interacción entre la naturaleza cósmica y la sociedad no es armónica y equilibrada, la vida se degrada y el territorio se destruye. El proceso ocurre al darse la separación entre hombre y territorio, de donde derivan las demás separaciones: entre ciudad y campo, entre economía y sociedad, entre burgueses y proletarios, entre dirigentes y dirigidos.

En el pasado los límites de la separación los imponía la técnica; podíamos llamar naturaleza a lo que caía fuera de su alcance, y que, por lo tanto, no quedaba afectado por ella. Hace ciento cincuenta años Marx ironizaba sobre el asunto, apuntando que para encontrar naturaleza en estado puro habría que buscar en los arrecifes australianos. En la actualidad los artilugios tecnológicos y los negocios llegan a todas partes y nada queda a salvo, ni los arrecifes. Han conformado un entorno artificial, una especie de segunda naturaleza. El territorio, la naturaleza y el medio ambiente han sido modificados para formar parte de la economía mundial; son independientes del resto de los factores y sujetos sólo a leyes de mercado. La unificación totalitaria del mundo gracias a la técnica y a la economía, ha dado lugar en nuestro tiempo a la separación más acabada de sus componentes. La artificialización y destrucción generalizada son el resultado.

Al tratar de la destrucción del territorio, conviene no caer en la facilidad pasadista, dándole la culpa bien sea a los romanos, bien a los Reyes Católicos, para ir después a buscar en periodos lejanos una Edad de Oro, donde el placer, la abundancia y la salud dominaban sin réplica. Las páginas de la Historia donde imperaron la felicidad y la libertad están escritas en blanco. Cada paso hacia ellas, también ha sido un paso hacia la barbarie; en cualquier época histórica encontraríamos pruebas de las tres.

Es más, si hiciéramos caso de las encuestas, concluiríamos que nuestra época es la más feliz y libre de todas, la menos bárbara, pero así como los datos del presente no reflejarían más que la extrema pobreza de espíritu de los encuestados, su sensibilidad agotada, sus mezquinas aspiraciones y sus deseos manipulados, los del pasado no lograrían ocultar que precisamente en él se originó el polvo que acarreó semejantes lodos. En efecto, la gran capacidad de autoengaño, o mejor, el grado de esclavitud interiorizada de las enfermizas masas modernas, seguramente supera con creces al que podían asumir los celtíberos numantinos, los comuneros de Castilla o las partidas de Juan Martín El Empecinado, pero la liberación no vendrá caminando hacia atrás, regresando a cualquier tiempo pasado, donde todo se supone que fue mejor. A lo sumo, la mirada desde el presente iluminará las pérdidas sufridas en las encrucijadas históricas mal resueltas, lo que puede ser de alguna utilidad en los combates actuales en defensa del territorio. Pero sepan los contendientes que ningún Apocalipsis les librará de la necesidad de entablar batalla, ni ningún conjuro ideológico o fórmula existencial les ahorrará el deber de ganarla.

Ahora ya, sin más preámbulos, centrándonos en el tema que nos ocupa, a saber, el impacto de las relaciones capitalistas sobre el territorio, describiremos tres etapas cualitativamente diferenciadas que jalonan el camino de su desagregación. La primera comienza a finales del siglo XVIII y termina a mediados del XIX. En ella sucede la transición del Antiguo Régimen, la monarquía absoluta, hacia el régimen liberal. Partiendo de la separación entre ciudad y campo, a lo largo del periodo se creó el mercado de la tierra y se destruyó cualquier forma de comunidad agraria, dando lugar a la constitución de una clase terrateniente que sustituyó a la aristocracia como clase dominante. La segunda, la que transcurre en paralelo al desarrollo del mercado interior y a la industrialización, abarca varios regímenes políticos, desde finales del siglo XIX hasta la década de los ochenta del siglo XX. La producción agrícola mercantilizada irá perdiendo importancia en provecho de la industria nacional y de los servicios, configurándose el dominio absoluto de las ciudades –convertidas en conurbaciones por la afluencia de emigrantes– y afianzándose el liderazgo de la burguesía nacional, empresarial o financiera. La tercera etapa, la actual, que corresponde a la economía globalizada, en la que predominan el sector terciario e inmobiliario, protagoniza la suburbialización del campo, siendo el ladrillo y el asfalto los frutos más característicos de la actividad agraria. A la vez que los sistemas metropolitanos devoran su entorno rural para urbanizarlo, acondicionarlo o convertirlo en vertedero, la política nacional queda absorbida completamente por la economía mundializada, consagrando la dominación de una clase dirigente internacional compuesta por altos ejecutivos de la política, de las multinacionales y de las finanzas.

La “reforma agraria”, es decir, la mercantilización de la propiedad rural, fue concebida a partir de 1770 por los altos funcionarios de la monarquía borbónica. Las Sociedades Económicas de “Amigos del País” que impulsaron los aristócratas y religiosos “ilustrados”, desempeñaron el mismo papel instructor y difusor que en Francia la Enciclopedia y los filósofos. Las nuevas teorías arbitristas y fisiócratas conformaron la mentalidad de la élite dirigente, según la cual, la economía política, con la ayuda del despotismo real, debía ocupar el centro de las preocupaciones sociales. Los ilustrados fueron los primeros desarrollistas. España era un estado monárquico escasamente poblado; tenía diez millones de habitantes, ocho de los cuales vivían en el campo.

Considerando la agricultura como fuente casi exclusiva de prosperidad y riqueza nacional, y por consiguiente, a la tierra como el principal factor de producción, según los Olavide, Floridablanca, Campomanes, Jovellanos, etc., todo progreso en la productividad agraria redundaría en bienestar y crecimiento de la población, en beneficios para el comercio y en engrose de las arcas del Estado. Sin embargo, un obstáculo se levantaba ante esta promesa de felicidad burguesa. La propiedad se hallaba tan trabada por privilegios, contratos, derechos, leyes y costumbres, que era imposible enajenarla, a fin de que, mediante la aplicación de nuevas técnicas de cultivo, la introducción de maquinaria, el empleo de abonos y la explotación del trabajo asalariado, se convirtiera en capital. En efecto, la tierra que pertenecía los nobles estaba sujeta por vinculaciones; la tierra en manos de la Iglesia y de otras “manos muertas” (la caridad pública), de las que obtenía un “diezmo”, estaba infrautilizada y sin “cerrar”; en fin, la tierra perteneciente a los municipios o al común, se explotaba en régimen de colectividad, según la tradición, y era en su mayor parte de acceso gratuito. Los pueblos tenían su abastecimiento garantizado gracias al control de los mercados locales; su economía funcionaba merced a un sistema integrado de aprovechamiento forestal, pastoril y agrícola que suplía con creces las necesidades del vecindario. La tradición y el derecho consuetudinario impedían la imposición de las leyes del libre mercado, bien sobre la institución municipal y la tierra, bien sobre los alimentos o el trabajo. Dicha situación ha servido de base para una ideología medievalista que se presenta como panacea de todos los males introducidos por el capitalismo, pero no olvidemos que el mundo de las comunidades aldeanas distaba mucho de ser idílico. Para comenzar, había sido despojado de su sistema genuino de gobierno: las asambleas populares o concejos abiertos habían sido sustituidos por juntas caciquiles y los cargos públicos podían comprarse, venderse e incluso dejarse en herencia. Además, se excluía del derecho a los bienes del común a la parte de la población no considerada vecina, que solía ser la más necesitada. El paraíso relativo del colectivismo agrario existía inmerso en un infierno poblado por el Estado borbónico y sus guerras, la Inquisición, la Mesta, los señoríos jurisdiccionales y las oligarquías burguesas de las ciudades. Si cada institución estaba enlazada con las demás, podemos imaginar las dificultades de recomponer la situación sin los males que emanaban de su esencia, y, por lo tanto, nos es legítimo sospechar que quienes elaboran y defienden propuestas de cambio social arcaizantes, perfectamente imposibles, en el fondo no quieren cambiar nada.

Quiso la ironía de la Historia que la separación entre el territorio y sus habitantes merced a la comercialización del suelo y la supeditación de los municipios a los ritmos del mercado de la tierra o al de los granos, no fuera obra de ninguna reforma, sino de las enormes deudas que contrajo la monarquía en cuatro guerras. Para amortizarlas emitió vales reales que en su mayoría fueron comprados por la burguesía comercial de las ciudades y los propietarios rentistas. En su incesante sed de dinero, el Estado monárquico se vio obligado a vender primero las tierras de los hospitales, hospicios, comedores, casas de misericordia, de expósitos y obras pías; después, las propiedades de las órdenes religiosas y de las iglesias; y finalmente, los bienes municipales y comunales. La aristocracia no resultó afectada sino en la ley que suprimía los mayorazgos y permitía cercar o enajenar sus propiedades, equiparándola a la recién nacida burguesía terrateniente. Los minifundios que dominaron en algunas zonas, fueron consecuencia de los contratos enfitéuticos y la venta a censo reservativo, prácticas tradicionales. Como consecuencia de la desamortización se liberaron los arriendos, se rebajaron los salarios y se desregularon los mercados locales, dando lugar a la ruina de los municipios, la miseria de campesinos y jornaleros. La nueva clase semifeudal latifundista apoyada en el Estado liberal forzó una contrarreforma fiscal: en lugar de gravar la propiedad, los nuevos impuestos, sisas y consumos, gravaban el comercio de los alimentos básicos como el pan y la carne, desviando la presión impositiva hacia los desposeídos labradores y empobrecidos braceros. Las clases rurales habían sido sacrificadas a los intereses del Estado y de la burguesía, pero la eliminación de obstáculos al desarrollo capitalista no produjo riqueza alguna para la “Nación”. La desamortización de tierras no atrajo capital a las ciudades, que se mantuvieron tal como estaban, sin apenas industrias, y por tanto, sin necesidad de mano de obra. Mientras que la población pasó de diez a diecinueve millones, en 1900 todavía los dos tercios vivían en el campo. Al tener escasas opciones de emigrar a las ciudades o a ultramar, los habitantes de los campos quedaron atrapados en sus pueblos con pocos medios de subsistencia y ninguna institución auxiliadora, con la sociedad a la que pertenecían desarticulada y los derechos que les protegían suprimidos. Las guerras carlistas fueron la respuesta a tanto estropicio, seguidas por una oleada de atentados contra las personas pudientes y las propiedades. No es de extrañar que para defender a los terratenientes y hacendados del campo se fundara la Guardia Civil, cincuenta años antes que cualquier otro cuerpo policial.

Con la creación de un nuevo marco jurídico que imponía la propiedad privada sobre las ruinas de una costumbre basada en la igualdad y la cooperación, retrocedió la cultura agraria hasta casi desaparecer. Entonces empezó a hablarse de ignorancia, atraso y analfabetismo. La cultura campesina, fundamentalmente oral, había producido un riquísimo folklore y una inmensa cantidad de conocimientos prácticos. En España pocos hablaban el castellano de Burgos y Valladolid, lengua usada principalmente por aristócratas, funcionarios, periodistas, terratenientes y frailes. Existía una diglosia evidente entre el habla popular y el idioma oficial. El pueblo, incluso el de las ciudades, hablaba un sinfín de lenguas regionales, dialectos y jergas. Nada de eso era producto del atraso; por ejemplo, los dialectos eran tan antiguos o más que el castellano, poseían un abundante léxico propio, gran vitalidad y, en ocasiones, habían alcanzado expresión literaria.

Con mayor razón podría decirse de las lenguas restantes. Sin embargo, desde el punto de vista centralista de la clase dirigente debía de haber una sola lengua oficial, un solo “español”, regulado por una Academia de la Lengua, a imitación francesa. Todo lo demás iba contra el “progreso”, de ahí que el habla campesina fuese considerada poco menos que signo de barbarie. El programa pedagógico de la Ilustración fue recogido por los políticos liberales gracias al Concordato y la Ley de Bases de 1857. Los campesinos y los proletarios debían de aprender la lengua de las autoridades, de los patronos y contramaestres, que era el vehículo por el que recibían órdenes. La escolarización se volvió un arma centralizadora y adoctrinadora, una herramienta para transmitir desde el Estado y la Iglesia la nueva cultura escrita y codificada de la clase dominante. La escuela venía para contribuir a la liquidación una cultura de siglos, uniformizar las mentes de generaciones y empobrecer su pensamiento, pero los frutos tardaron décadas en recogerse porque la enseñanza que a partir de entonces llamaron “primaria” debía ser costeada por los municipios, y éstos no podían pagar a los maestros. La única enseñanza practicada durante mucho tiempo fue la religiosa.

Durante la República, la pequeña burguesía en el poder intentó remediar la situación mediante un plan que preveía la construcción de 27.000 escuelas laicas, pero el mérito del genocidio cultural se lo llevaron la imposición franquista de la “lengua del imperio”, la emigración irreversible a las ciudades, la colonización mental a través de los medios de comunicación unilateral y la hipermovilidad de la población globalizada.

En España los ferrocarriles no fueron un producto de la revolución industrial, sino que se construyeron para provocarla. La operación resultó fallida y la industrialización no vino sino muy lentamente hacia finales de siglo. Con la excepción de Madrid y Barcelona, las ciudades no experimentaron cambios significativos, y el exceso de población fue canalizado hacia América, aunque también a Francia y Argelia (tres millones entre 1887 y 1914). En las zonas latifundistas, la lealtad de los campesinos a los púlpitos se había desplazado a las ideas revolucionarias; concretamente, el campo andaluz mostró una gran capacidad de organización y una combatividad mejor dosificada, como prueban las insurrecciones de Loja y El Arahal, la expansión de la Primera Internacional en el sur peninsular, el levantamiento de los campesinos de Jerez y el proceso de la Mano Negra. Seguirán siendo un elemento clave en la creación de sindicatos.

La coyuntura económica favorable provocada por la guerra mundial de 1914 atrajo a miles de campesinos a las ciudades, donde engrosaron las filas del proletariado. Con todo el número de trabajadores de la tierra doblaba ampliamente al de los obreros de la industria (cinco millones contra dos), por lo que la cuestión social seguía siendo fundamentalmente un problema agrario y fue precisamente su no resolución lo que trajo la guerra civil. La victoria fascista fue sangrienta para todos los perdedores en general, pero en el campo alcanzó niveles de exterminio.

El triunfo del ejército, la masacre de los opositores y la política autárquica del nuevo régimen posibilitaron la prolongación del dominio terrateniente. El atraso en el campo y el hambre en las ciudades significaron un retorno a la economía de subsistencia. El agro recuperó habitantes: todavía en 1950 la población rural era el 45 % del total. No obstante las tornas cambiaron cuando la industria se convirtió en el motor del desarrollo: entre 1957 y 1975 sucedió una verdadera revolución industrial que redujo considerablemente la población del campo, descendiendo ésta del 42 al 24 % (más de cuatro millones de personas emigraron a las ciudades; un millón lo hizo al extranjero).

Para un vaciado anterior semejante se hubieran necesitado sesenta años contando desde 1900. La agricultura tuvo que “modernizarse” y regirse con los mismos criterios que la industria: concentrar la propiedad, introducir maquinaria, fertilizantes químicos, híbridos y pesticidas, producir para el mercado, comercializar los productos; en una palabra, hubo que transformar la explotación agrícola y ganadera en un sistema de empresas dependiente de multinacionales de la petroquímica y la distribución. El territorio resultó seriamente modificado: desaparecieron los huertos urbanos y las vegas que hasta los años cincuenta abastecían a las ciudades; el contraste entre un campo semidespoblado y las conurbaciones densamente habitadas se hizo más escandaloso; los incendios forestales se volvieron habituales; la circulación de vehículos aumentó exponencialmente; en fin, se acentuó el desplazamiento de la población a la costa, lo que combinado con el turismo dio lugar a una auténtica devastación, modelo para desarrollos posteriores.

Los progresos de la economía capitalista globalizada, al desregular el mercado de alimentos, liquidaron la clase de pequeños y medianos campesinos, convirtiendo a la agricultura autóctona en una actividad marginal. Al transformarse el territorio rural en paisaje, con el toro de Osborne como logotipo, se habrían las puertas de par en par a la degradación. Se mejoraron los accesos para que los habitantes de las aglomeraciones urbanas frecuentasen en masa los lugares y arramblasen con todo lo que encontraban, musgo, espárragos, setas, bayas, cortezas y matojos. La motorización hizo devenir al territorio rural satélite de la conurbación, sea como decorado naturalista a destrozar sin reparos, o sea como reserva de espacio para una segunda urbanización extensiva combinada las más de las veces con la industria turística. Pero el campo devino también un sitio idóneo para las infraestructuras viarias, para la instalación de basureros, para el hospedaje de centrales –nucleares, térmicas o eólicas–, para el albergue de industrias contaminantes expulsadas de los recintos urbanos, o para la realización de experimentos transgénicos. Los cultivos, industrializados, han subsistido gracias a la explotación extrema de inmigrantes foráneos, contribuyendo con enormes extensiones de plástico, montañas de excrementos y ríos de purines, al nuevo concepto de belleza agraria. La lógica del capital ha requerido que cada elemento del territorio y de la actividad social que ocurre en su seno –la ciudad, los pueblos, la producción, la circulación, los habitantes, el trabajo, las instituciones, la tradición, los alimentos, el paisaje, el juego, el aire– se haya independizado de los demás y no responda más que a las exigencias de la economía. La separación ha quedado consumada en todos los ámbitos y en todos los aspectos. En lo sucesivo, cada pieza del puzzle territorial obedece únicamente a las leyes de la oferta y la demanda.

Un enorme problema se presenta ante quienes quieran enderezar la situación y recomponer el territorio para el disfrute de sus habitantes. Cada componente separado ha de volver a unificarse escapando del mercado, lo que tiene una traducción cultural, institucional y política. No sirven las actitudes voluntaristas e individuales, sino los movimientos de masas conscientes que luchen por nuevas formas de vida libres e independientes y organicen en esa dirección sus contrainstituciones. Lo que hoy llamamos industria, partidos, Banca, Gobierno, es solamente el bando de los vencedores, y precisamente por sólo ser un bando, se halla abocado a la decadencia; como además es el bando que dirige y toma decisiones, por eso es criminal y culpable. Su fin será el comienzo de otra época mejor o peor, eso dependerá de la calidad de sus enterradores, y, en general, de las ansias de libertad y autenticidad de las mujeres y los hombres que vayan a heredarla.

Latrocinio eclesiástico

LATROCINIO ECLESIÁSTICO MONUMENTAL EN NAVARRA:

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EL ARZOBISPADO DE PAMPLONA Y OBISPADO DE TUDELA HAN INMATRICULADO DESDE 1998 A 2007 LOS INMUEBLES QUE EN ESTA DIRECCIÓN SE DESCRIBEN:

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