Global
Delinquents – 13/04/2025
Traducción del inglés:
Arrezafe
El 22
de marzo , este periodista detalló las
conclusiones de una Comisión Internacional Independiente de
Investigación de la ONU sobre el uso sistemático por parte de
Israel de la violencia sexual, reproductiva y otras formas de
violencia de género desde el 7 de octubre de 2023. Dicha
investigación se centró principalmente en las atroces violaciones y
abusos sexuales a gran escala de detenidos palestinos, hombres y
mujeres, en las cárceles de las Fuerzas Sionistas de Ocupación
(FSO), un fenómeno tan generalizado que sólo puede deberse a una
política planificada, decidida, firmada y dirigida por las más
altas esferas del gobierno israelí.
Reforzando esta horrorosa
conclusión, el informe de la Comisión contiene pasajes impactantes
que acusan inequívocamente a la entidad sionista de cometer
deliberadamente "actos genocidas" en Gaza, consciente e
intencionadamente "calculados para provocar la destrucción
física del pueblo palestino". Los detalles proporcionados son
de una contundencia incontestable y señalan que Israel está
violando flagrantemente tanto el Estatuto
de Roma como la Convención
sobre el Genocidio. En un mundo verdaderamente justo, la masiva
omertà de los grandes medios de comunicación ante esta sentencia
histórica constituiría en sí misma un acto criminal.
Desde el 7 de octubre de
2023, ha quedado indiscutiblemente claro que la entidad sionista está
cometiendo genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. A
pocos días del estallido del atroz ataque de Tel Aviv contra el
campo de concentración al aire libre, el historiador israelí Raz
Segal, profesor titular en el estudio del genocidio moderno,
calificó la campaña de las FSO [Fuerzas Sionistas de Ocupación]
como "un caso clásico de genocidio". Organizaciones de
derechos humanos han reiterado
la acusación. Incluso algunos medios de comunicación, que han
blanqueado
de forma abrumadora el Holocausto del siglo XXI perpetrado por
Tel Aviv, reconocen esta
realidad.
Sin embargo, hasta la
fecha, ninguna organización internacional importante ha inculpado
formalmente a la entidad sionista de genocidio. Si bien en una
reunión del Comité de la ONU para el Ejercicio de los Derechos
Inalienables del Pueblo Palestino, celebrada el 31 de octubre de
2024, participaron
varios "expertos" que declararon categóricamente que
las acciones de Israel en Gaza eran constitutivas de genocidio, la
organización no respaldó oficialmente sus opiniones. Mientras
tanto, una demanda interpuesta
por Sudáfrica contra Tel Aviv ante la Corte Internacional de
Justicia en diciembre del año anterior ha tenido resultados
dispares.
El 26 de enero de 2024,
la CIJ emitió una sentencia
provisional que ordenaba a la entidad sionista tomar todas las
medidas necesarias para prevenir cualquier acto contrario a la
Convención contra el Genocidio, pero sin llegar a exigir un alto el
fuego. El 20
de mayo de ese año, el fiscal de la Corte Penal Internacional,
Karim Khan, anunció que solicitaba órdenes de arresto
internacionales contra el primer ministro israelí, Benjamin
Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de
lesa humanidad cometidos en Gaza desde, al menos, el 8 de octubre de
2023.
Desde entonces, Netanyahu
ha viajado libremente por el mundo y se ha reunido con líderes de
gobiernos extranjeros, a pesar de las exigencias de la CPI para que
las autoridades locales arresten al primer ministro israelí y lo
entreguen a La Haya. Numerosos funcionarios occidentales han
declarado abiertamente que no acatarán la orden de la Corte. Sin
embargo, ahora que la ONU ha acusado abiertamente a la entidad
sionista de genocidio, tal intransigencia podría desmoronarse. La
Convención sobre el Genocidio impone a todos los signatarios el
deber de prevenir el genocidio, incluso mediante la extradición de
sospechosos. Quienes incumplan esta obligación se convierten en
legalmente culpables.
'Sólo conclusiones'
Las secciones del informe
de la Comisión de la ONU, que presentan una acusación explícita de
genocidio contra la entidad sionista, documentan el bombardeo por
parte de las Fuerzas Sionistas de Ocupación en diciembre de 2023 del
Centro de Fecundación In Vitro Basma, la clínica de fertilidad más
grande de Gaza. El ataque destruyó alrededor de 4.000 embriones, así
como 1.000 muestras de esperma y óvulos no fecundados. Esto
equivalía a todo el material reproductivo almacenado en el
laboratorio. El ataque de las FSO también privó a las instalaciones
de nitrógeno líquido, vital para mantener fríos los tanques de
almacenamiento y preservar su contenido para su uso futuro.
Los restos devastados del Centro de FIV Basma de Gaza
La Comisión determinó,
mediante el análisis visual de imágenes del lugar de los hechos,
que los extensos daños sufridos en el exterior e interior del
edificio fueron causados por un proyectil de gran calibre. Muy
probablemente, se trató de un proyectil disparado desde un tanque de
las FSO. La clínica era un edificio independiente, con su nombre
claramente roturado, y no había pruebas de que fuera un objetivo
militar legítimo. Por lo tanto, la Comisión concluyó que las FSO
atacaron y destruyeron intencionalmente la clínica de FIV Basma, el
principal centro de fertilidad de Gaza.
"La Comisión
concluye que la destrucción de la clínica de FIV Basma fue una
medida destinada a impedir los nacimientos entre los palestinos de
Gaza, lo cual constituye un acto genocida según el Estatuto de Roma
y la Convención sobre el Genocidio. La Comisión también concluye
que dicha medida fue perpetrada con la intención de destruir a los
palestinos de Gaza como grupo, total o parcialmente, y que esta es la
única conclusión que razonablemente podía extraerse de los actos
en cuestión".
La determinación de que
Israel está cometiendo genocidio en Gaza se reitera en partes del
informe de la Comisión que explican cómo la destrucción del Centro
de FIV Basma no fue obra de un solo individuo ni el resultado de una
ofensiva relámpago indiscriminada. Se determinó que las FSO habían
"atacado y destruido intencional y sistemáticamente centros de
salud reproductiva y materna en toda Gaza, incluyendo maternidades y
pabellones de maternidad de hospitales". Estos "ataques
directos a la salud reproductiva y materna... resultaron en muertes y
causaron graves daños físicos y mentales a los palestinos".
La Comisión declara que, "la única conclusión razonablemente posible" de la devastación
deliberada por parte de las FSO del "servicio de salud
reproductivo, la infraestructura y las instalaciones que brindan
servicios esenciales para la supervivencia y reproducción de la
población de Gaza, es la intención de destruir a los
palestinos en Gaza, total o parcialmente": en otras palabras,
genocidio. Además, se determinó que la entidad sionista violó con
dicha conducta la norma del derecho internacional humanitario
consuetudinario que otorga especial protección a mujeres y niños en
los conflictos armados.
'Todos los medios'
La Comisión enmarca los
actos genocidas de las FSO como parte de una campaña más amplia y
coordinada, cuyo objetivo específico es infligir una "inimaginable
miseria" a "mujeres embarazadas, madres primerizas y recién
nacidos". Estas personas se vieron particularmente afectadas por el
asedio israelí a Gaza, mediante el cual Tel Aviv controla
estrictamente la entrada, el contenido y la cantidad de asistencia
humanitaria permitida. Esto incluye medicamentos y equipos necesarios
para garantizar embarazos, partos y atención neonatal seguros, pero
también artículos básicos indispensables para la supervivencia
humana, como alimentos, agua, medicamentos y refugio.
Palestinos transitando entre los escombros de Rafah, octubre de 2023
Mientras tanto, las
autoridades israelíes de la entidad sionista, han negado
sistemáticamente a los palestinos necesitados de atención médica
urgente —"incluidos pacientes con cáncer ginecológico"— la
autorización para salir de Gaza y buscar tratamiento en otro lugar.
Como consecuencia, las mujeres embarazadas "sufrieron numerosos
problemas, complicaciones evitables y la falta de acceso a servicios
de salud reproductiva". Se vieron "obligadas a partos inseguros
por no poder acceder a los hospitales y a partos dolorosos sin acceso
a analgésicos ni medicamentos adecuados", lo que les causó "daños
ginecológicos" y un "perpétuo sufrimiento físico y mental":
"Los daños
reproductivos a mujeres embarazadas, en posparto y lactancia
constituyen… un crimen de guerra al causar deliberadamente gran
sufrimiento y graves daños a la integridad física o la salud… El
daño a las mujeres embarazadas, lactantes y madres primerizas es de
una magnitud sin precedentes en Gaza. Además, la falta de acceso a
la atención médica, sexual y reproductiva, ha causado daños y
sufrimiento físico y mental inmediatos a mujeres y niñas, lo que
tendrá efectos irreversibles a largo plazo en la salud mental y en
el futuro de la reproducción y fertilidad de los palestinos de Gaza
en su conjunto".
Ante estos hechos
probados, la mayoría de los gobiernos del mundo tienen ahora la
inexcusable obligación legal de hacer todo lo posible para detener
la destrucción de Gaza y su población por parte de la entidad
sionista. Actualmente, 153 países forman
parte de la Convención sobre el Genocidio, y múltiples
precedentes internacionales establecen que los signatarios deben
"emplear todos los medios razonablemente a su alcance" para
prevenir el genocidio. Este deber depende de la "capacidad del
Estado para influir eficazmente en las acciones de las personas que
susceptibles de estar cometiendo o haber cometido genocidio".
Continuar proporcionando
ayuda o asistencia a un Estado o entidad que comete genocidio podría
constituir una violación de las responsabilidades de un país en
virtud del Artículo I de la Convención contra el Genocidio, al
igual que no contribuir a exigir responsabilidades y castigar a todos
los responsables de perpetrar genocidio. Esto incluye la
investigación, la extradición y el enjuiciamiento de sospechosos,
tanto de forma independiente como en colaboración con otras partes.
El Estatuto de Roma también obliga a los signatarios a colaborar en
el enjuiciamiento de sospechosos a través de la CPI [Corte Penal
Internacional]. Por supuesto, los gobiernos podrían optar por seguir
el camino
de Hungría y simplemente retirarse de la CPI.
Sin embargo, con la
incontrovertible evidencia de las intenciones y acciones genocidas de
la entidad sionista en Gaza, que se multiplican a diario, y con la
acusación abierta de genocidio por parte de la ONU contra Tel Aviv,
la libertad de movimiento internacional de la que hasta ahora
disfrutaban los funcionarios israelíes podría haberse restringido
aún más. Además, se ha lanzado un desafío al proverbial "respeto
profundo por el derecho internacional" que muchos Estados proclaman tener. A su vez, la justicia para los palestinos, tan largamente esperada, podría estar cada vez más cerca.
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