09 abril, 2019
06 abril, 2019
● 652 muertes ¿ETA, ISIS? No: terrorismo patronal ●
"Según las cifras
oficiales (el CIS), en 2017 se produjeron 583.425 accidentes
laborales, de los cuales 618 fueron mortales y de estos 134 in
itínere. En 2018 fueron 602.316 los accidentes laborales producidos,
de los cuales 652 fueron mortales, 146 in itínere. Sin poder
contar con aquellos accidentes que no declaran las empresas, en
apenas un año, el terrorismo patronal aumentó en casi 20.000
accidentes laborales, un 3% más, que costaron la vida a un 5%
más de personas trabajadoras."
El
Otro – 05/04/2019
05 abril, 2019
El movimiento de los chalecos amarillos despierta miedo y agresividad en sus oponentes
Francia: ¡movilizarse
contra la represión judicial de los chalecos amarillos!
Leer el original en francés, publicado el 11 de marzo en Révolution.
Traducción: Arrezafe
El movimiento de los
chalecos amarillos despierta miedo y agresividad en sus oponentes.
Además de la violenta represión (2.000 personas han resultado
heridas, 18 tuertas y cinco han perdido manos), el gobierno ha
respondido mediante una intensa de represión judicial sin
precedentes.
Una declaración
realizada el 22 de noviembre de 2018 por la ministra de Justicia,
Nicole Belloubet, otorgó carta blanca al estado para realizar
registros y arrestos a cualquier persona asociada a los chalecos
amarillos o simplemente por semejanza con los mismos.
Represión
La magnitud de la
represión judicial es asombrosa. Durante más de cuatro meses de
movilización, el Ministerio del Interior informó que más de 8,000
personas fueron detenidas por asociación con el movimiento y 1800
condenadas. Por orden del Ministerio de Justicia se han producido
arrestos masivos. El simple hecho de usar gafas protectoras o de
tener una solución salina (que se puede utilizar para tratar los
efectos de los gases lacrimógenos) es suficiente para que alguien
sea detenido y quede bajo custodia. El Syndicat des Avocats de
France (SAF) ha denunciado la ausencia casi sistemática de
informes policiales adecuados. En su lugar, los gendarmes simplemente
llenan una "hoja de calificaciones" (un tipo de
cuestionario de opción múltiple que a menudo es ambiguo e
incompleto) para procesar al acusado.
En París, el número de
comparecencias inmediatas ante un tribunal se ha duplicado desde el
comienzo del movimiento. El Tribunal Superior de París es como una
factoría donde los juicios se emiten día y noche en cantidades
infernales. Los motivos de las condenas a menudo son confusos y
engañosos, como este, por ejemplo, de "participación en un
grupo para la preparación de la violencia y la destrucción".
Este "delito" surrealista permite que cualquier persona que
se halle en la escena de una protesta pueda ser detenida y condenada
sin que ni siquiera haya habido enfrentamiento con la policía.
Le Monde Diplomatique
relató la historia de un trabajador bretón detenido en un
aparcamiento, lejos de cualquier protesta, porque el maletero de su
automóvil contenía equipo de protección (máscara y gafas) ¡fue
condenado a seis meses de inhabilitación!
Por otra parte, la
policía es libre de atacar y mutilar a los manifestantes con total
impunidad. Considérese el caso de Didier Andrieux, el comisario que
golpeó a varias personas pacíficas durante la octava semana de
protestas en Toulon. No se ha enfrentado a ningún proceso judicial.
Las llamadas "Investigaciones IGPN" contra la conducta
indebida de la policía equivalen a nada.
Ejemplificantes
sentencias contra los chalecos amarillos.
Las sentencias contra los
chalecos amarillos son formidables. Además de las altas multas, se
dictan penas de prisión. En 316 ocasiones, se han registrado orden
directa de prisión incondicional.
Desde 1995 hasta 2018, se
emitieron 33 sentencias prohibiendo manifestaciones. En los últimos
cuatro meses, a varios cientos de chalecos amarillos se les ha
prohibido manifestarse, y algunos que lo hicieron fueron privados de
sus "derechos civiles", incluido el derecho al voto.
En televisión,
periodistas y expertos piden acciones más enérgicas contra los
"matones sediciosos" arrestados en las manifestaciones,
pero en el informe de los acusados no vemos matones, sólo
trabajadores precarios, campesinos, transportistas y estudiantes.
Las sentencias dictadas
tienen una función política. La represión judicial tiene como
objetivo intimidar a los opositores del gobierno y reducir las
manifestaciones, cuyo derecho está, de facto, socavado.
Lo hemos dicho antes y lo
repetimos: ante la brutalidad de la policía y la represión judicial
contra el movimiento de los chalecos amarillos, la respuesta de los
dirigentes sindicales no está del todo a la altura.
La dirección de la
confederación sindical con más militantes, la CGT, se ha limitado a
vagas protestas. Pero no ha tomado medidas serias, por no hablar de
una huelga general de 24 horas, lo que sería un buen comienzo. La
debilidad invita a la agresión. Si ve que la represión ejercida
contra los chalecos amarillos no provoca ninguna reacción de los
sindicatos, el gobierno irá más allá. A través de los chalecos
amarillos, toda la clase trabajadora es el objetivo.
¡Abajo la represión
judicial contra los chalecos amarillos!
¡Por una huelga
general de 24 horas!
¡ON LÂCHE RIEN! ¡NO NOS RENDIMOS!
04 abril, 2019
DES MÈRES SOLIDAIRES CONTRE LA RÉPRESSION D'ÉTAT
Geneviève Bernanos,
co-fondatrice avec Agnès Méric du collectif des Mères solidaires,
qui vient en aide aux victimes de répression policière et
judiciaire.
La mère d'Angel et
Antonin, mis en cause dans l'affaire de la voiture de police brûlée
du Quai de Valmy en 2016, revient sur la lutte de ses fils contre le
fascisme, la justice à deux vitesses et la prison.
03 abril, 2019
“La verdadera violencia está aquí, en este sistema extraordinariamente injusto e insostenible”
Retroceso de los DDHH
en Francia: La república en marcha vuelve hacia atrás - Rémy
Herrera
La
Haine - 07/03/2019
Artículo escrito por
el autor en enero de 2019 que sirvió de base para un informe sobre
las violaciones de DDHH en Francia presentado por Centre Europe -
Tiers Monde de Ginebra (CETIM, organización no gubernamental
reconocida como entidad consultiva general) al Consejo de DDHH de las
Naciones Unidas para su cuadragésimo período de sesiones del 25 de
febrero al 22 de marzo de 2019. Punto 4 " Situaciones de DDHH
que requieren la atención del Consejo".
Francia se encuentra en
una zona de fuertes turbulencias desde hace varios meses. La
virulencia de los conflictos sociales ha sido durante mucho tiempo
una característica importante que viene marcando la vida política
de este país, así como un dato histórico de una nación que se
cimentó, fundamentalmente después de 1789, sobre la base de una
revolución de alcance universal, cuyas huellas –junto con las
conquistas sociales de 1936, 1945 o las de 1968 –, siguen presentes
en la memoria colectiva y en las instituciones, independientemente de
los intentos de borrarlas.
Sin embargo, pronto se
cumplirán 40 años desde que Francia, así como otros países del
Norte, sin excepción, quedó atrapada bajo el yugo letal de las
políticas neoliberales demoledoras. Éstas solo se pueden
interpretar como una violencia social extraordinaria contra el mundo
del trabajo. Sus efectos destructivos (para las personas y la
sociedad, pero también para el medio ambiente) se propagan gracias a
la complicidad del estado con los poderosos del momento. La situación
empeora aún más por la enajenación de la soberanía nacional y el
sometimiento a la Unión Europea, rechazada por los ciudadanos
franceses en el referéndum de 2005 y que se les impone mediante una
denegación de la democracia.
Esta es una violencia
adicional infligida a todo un pueblo. En esta perspectiva singular, y
en el contexto general de una crisis sistémica del capitalismo
globalizado, se explican las oleadas de levantamientos populares que
se han amplificado en las últimas décadas: huelgas en 1995,
disturbios suburbanos en 2005 -07, manifestaciones en las décadas
2000 y 2010... Actualmente, el sentimiento de malestar y descontento
es generalizado. Iniciado a finales de octubre de 2018, el movimiento
de los llamados "chalecos amarillos" representa otro
levantamiento, pero se enfrenta al peor recrudecimiento de la
violencia policial desde la guerra de Argelia. Ante los distintos
llamamientos a la justicia social, las autoridades han optado por
responder con más represión, hasta el punto de retroceder de forma
extremadamente preocupante en los DDHH.
El estado de
excepción, punto de partida de una escalada represiva
Resulta fácil
identificar el momento en el que se inició esta escalada represiva:
empezó con el estado de excepción, decretado en el territorio
metropolitano el 14 de noviembre de 2015 (tras los ataques
terroristas que azotaron el país el día anterior), y extendiéndose
el 18 de noviembre a los departamentos de ultramar. Ciertamente no se
trata aquí de minimizar las amenazas terroristas del Islam político
extremista, desde Al Qaeda hasta el Daesh, pero hay que entender que
la política de seguridad adoptada desde 2015 ha sido, de manera
simultánea, una oportunidad para obligar al pueblo francés a
aceptar restricciones importantes en sus derechos civiles y
políticos, sobrepasando la reacción necesaria a los riesgos
terroristas.
Después de renovarse
cinco veces seguidas, el estado de excepción se levantó el 1 de
noviembre de 2017, pero la mayoría de sus disposiciones
excepcionales han adquirido ahora fuerza de ley: los registros y
arrestos preventivos, los perímetros de protección, los arrestos
domiciliarios individuales, los controles fronterizos, etc., ahora
están autorizados en el marco de «la ley para reforzar la seguridad
interior y la lucha contra el terrorismo» del 30 de octubre de 2017.
Desde entonces, en Francia, existe un desvío inquietante de este
imponente arsenal legal de excepción, cuyo efecto es el de reducir
las libertades públicas, especialmente la libertad de expresión, de
reunión o el derecho a manifestarse pacíficamente, así como los
derechos sindicales e incluso el derecho a la integridad física,
todos en grave peligro.
Aquellas y aquellos que
han participado recientemente en manifestaciones en Francia, han sido
testigos, sin duda, de lo que las organizaciones de DDHH francesas e
internacionales vienen denunciando en los últimos meses: muchas de
las intervenciones de las fuerzas del orden son desproporcionadas y
excesivamente violentas, recurriendo a veces incluso a armas de
guerra. De esta forma, el uso de gas lacrimógeno y cañones de agua
de alta presión contra manifestantes pacíficos se ha vuelto
sistemático; también es muy frecuente disparar pelotas de goma a la
altura del pecho así como el uso de otras armas de "letalidad
reducida", granadas aturdidoras, la práctica del
"encapsulamiento" para evitar unirse a otros manifestantes,
arrestos aleatorios y arbitrarios, intimidaciones verbales,
provocaciones gratuitas, e incluso agresiones físicas.
En las calles de la
capital se han desplegado vehículos blindados, policías a caballo,
equipos de perros policías... Muchas veces, se infligen tratos
degradantes a los manifestantes, incluidos los menores. También es
frecuente que las personas reciban palizas o se las encierre sin
haber cometido ningún delito. Los "médicos de la calle",
por su parte, voluntarios que siguen las procesiones y ayudan a los
heridos, ven cómo se les confisca su material médico... todo lo
cual conmociona a los franceses. Esto último es lo que se busca
precisamente para poner fin a su revuelta. Dicha violencia policial
es absolutamente inaceptable y vulnera las normas internacionales
actuales de DDHH.
Primera etapa: la
represión de los movimientos sociales y de los sindicatos
Desde la elección a la
presidencia de la República de Emmanuel Macron, ex accionista
gerente del banco de negocios Rothschild, ministro de Economía del
presidente François Hollande y autor de leyes epónimas que imponen
la flexibilización del mercado laboral, el mundo sindical se ha
vuelto a movilizar.
Las manifestaciones y las
huelgas se han multiplicado, especialmente en los sectores del
transporte público (SNCF, Air France...), energía (gas y
electricidad), automotriz (Peugeot, Renault), telecomunicaciones
(Orange), la gran distribución (Carrefour), servicios de salud
(hospitales públicos, residencias de ancianos, seguridad social),
educación (escuelas secundarias, universidades), cultura (museos),
justicia (abogados, magistrados), recogida de basuras, e incluso
auditorías financieras y de cuentas.
Estos diversos
movimientos sociales, muy seguidos, ocurrieron a lo largo de la
primavera de 2018. La reacción del poder fue intensificar la
represión, lo que afectó dramáticamente a los estudiantes
(evacuación de los campus), los activistas ambientales que ocupaban
las “Zonas a defender” (ZAD por sus siglas en francés) y, en
especial, los manifestantes en contra de las leyes de flexibilización
del mercado laboral.
Esta espiral represiva ya
había afectado a los sindicatos durante varios años, vulnerando la
legislación laboral. De hecho, los obstáculos a las actividades
sindicales se multiplicaron: discriminación salarial contra
sindicalistas, despidos injustificados de los huelguistas, presiones
ejercidas mediante amenazas o sanciones disciplinarias, restricciones
de los derechos sindicales o el derecho de huelga, e incluso la
criminalización de la acción sindical (como en Goodyear,
Continental o Air France). Además, las recientes reformas
gubernamentales de la ley laboral penalizan aún más los movimientos
sociales: menores plazos para apelar a los tribunales laborales y
establecimiento de un límite máximo a las indemnizaciones en caso
de despido injusto; fusión de las instancias representativas de los
trabajadores y limitación de sus medios; mecanismos de terminaciones
de contratos colectivos pactados, sin tener en cuenta las medidas de
protección laboral o facilitando las salidas de trabajadores
mayores; inversión de la jerarquía de normas que coloca el acuerdo
de la empresa por encima de los convenios colectivos y la ley;
establecimiento del llamado perímetro nacional para los despidos por
razones económicas, facilitando el despido de empleados de las
filiales francesas (mientras que la empresa matriz obtiene beneficios
a escala global).
Segunda etapa: la
represión de los «chalecos amarillos»
El presidente Macron optó
por "mantener el rumbo". A expensas del sufrimiento y las
expectativas de los trabajadores, su gobierno exacerba las políticas
neoliberales y profundiza cada vez más en la violencia social y la
represión policial. El resultado es una pesadilla, indigno de un
país que dice ser democrático y tolerante. Desde el inicio de la
movilización de los chalecos amarillos, se produjeron 11 muertes
accidentales, más de 2.000 personas resultaron heridas, de las
cuales al menos un centenar con pronóstico muy grave. Los médicos
describían los traumatismos como "heridas de guerra"
(voladuras de mano, pérdidas de ojos, desfiguraciones, fracturas
múltiples y diversas mutilaciones...), debido en particular a los
disparos con pelotas de goma o tiros de granadas, a menudo dirigidas
a manifestantes pacíficos. A día de hoy, muchas personas siguen en
coma.
Los adolescentes, por su
parte, sufren un trauma psicológico después de haber sido tratados
como terroristas por la policía, forzándolos a arrodillarse con las
cabezas agachadas, las manos en la nuca y apilados en furgones y
celdas.
¿Hacia dónde se dirige
este poder que pisotea a su pueblo y desata contra él tamaña
violencia? El 1 de diciembre, por ejemplo, se lanzaron 7.940 granadas
lacrimógenas, 800 granadas aturdidoras y 339 granadas de tipo GLI-F4
(municiones explosivas), 776 cartuchos de pelotas de goma, así como
cañones con 140.000 litros de agua. El balance provisional, y
seguramente no exhaustivo, correspondiente solo el periodo que
comprende desde el 17 de noviembre de 2018 al 7 de enero de 2019,
muestra 6.475 arrestos y 5.339 detenciones preventivas.
Los tribunales dictaron
más de mil condenas en todo el territorio nacional. Aunque la
mayoría de estas condenas terminan en trabajos comunitarios, muchas
son sentencias de cárcel. Además, existen 153 órdenes de arresto
(lo que implica encarcelamientos), 519 citaciones judiciales y otras
372 en correccionales… En París, 249 personas fueron juzgadas en
comparecencia inmediata, 58 condenadas a prisión, 63 a penas de
prisión condicional... En el departamento francés de Reunión, la
media de sentencias firmes de prisión para los chalecos amarillos
locales es de ocho meses. A fecha del 10 de enero de 2019, unas 200
personas vinculadas a estos acontecimientos seguían encarceladas en
Francia.
La legitimidad de las
reivindicaciones populares
En muchos aspectos, las
reivindicaciones de los chalecos amarillos son similares a las de los
trabajadores. Exigen la mejora inmediata y concreta de las
condiciones de vida, la revalorización del poder adquisitivo de los
ingresos (salarios, pensiones, subsidios...), el fortalecimiento de
los servicios públicos, la participación del pueblo en las
decisiones relativas a su futuro colectivo... Dicho de otra manera,
una puesta en marcha efectiva, sobre todo, de los derechos
económicos, sociales y culturales, así como el derecho del pueblo a
decidir sobre su futuro. Al exigir más justicia social, respeto a
los DDHH y democracia económica y política, estas reivindicaciones
son rotundamente legítimas y cuentan con un gran apoyo de la
población.
La madre de todas las
violencias, la que debe cesar urgentemente y contra la cual las
personas se ven obligadas a defenderse, tal y como lo recoge la
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en el
preámbulo de la constitución francesa, es aquella que genera la
imposición de las medidas neoliberales desleales, despiadadas,
antisociales y antidemocráticas; aquella que, en el silencio de los
ajustes de precios de los mercados capitalistas, hace que las
personas sin hogar mueran de frío, empuja a los agricultores
endeudados al suicidio, destruye a las personas y a sus familias al
privarlos de empleos, cortándoles la electricidad, expulsándolos de
sus hogares; aquella que, por falta de recursos, obliga a los
jubilados a dejar de calentar sus hogares o a sus hijos a saltearse
una comida; aquella que acaba con toda solidaridad, cierra las
escuelas, centros de maternidad u hospitales psiquiátricos, sumerge
en la desesperación a pequeños comerciantes y artesanos que se
hunden bajo las cargas, ahoga a los trabajadores que no pueden llegar
a fin de mes...
01 abril, 2019
Gilets jaunes - ACTE 20 - Montpellier, Lille, Toulouse, Bourdeaux...
Gilets Jaunes - Montpellier
Gilets jaunes - Lille
Gilets Jaunes - Toulouse
Gilets Jaunes - Bordeaux
31 marzo, 2019
“El mundo no puede permitir que el drama de la guerra de la OTAN contra Yugoslavia sea olvidado por el silencio de quienes fueron actores y cómplices importantes de aquel brutal genocidio”
Veinte años de la
agresión de la OTAN a Yugoslavia
La campaña de bombardeos
de la OTAN sobre Yugoslavia comenzó un 24 de marzo, hace 20 años.
Se extendieron durante 78 días y causó al menos 1.200 muertos. Se
arrojaron 9.160 toneladas de bombas. Entre 10 y 45 de aquellas
toneladas contenían uranio empobrecido. Pero el mayor daño fue a
largo plazo: cambió para siempre las reglas de juego de un nuevo
mundo donde EE UU ya no tenía contrapeso.
“Un grupo de aviones
enemigos se acerca a Belgrado. Pedimos a todos los ciudadanos que
apaguen las luces. Después de haber apagado las luces, les rogamos
que desconecten la electricidad. Atención, un grupo de aviones
enemigos en dirección Belgrado. Ciudadanos, permaneced en los
refugios y esperad a las recomendaciones del centro de información.
Fin del comunicado”. El mensaje, escribe Jutta Ditfurth, “no es
de 1941, cuando Alemania atacó a Yugoslavia y la destruyó, sino de
1999: 54 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial,
Alemania participaba por primera vez en una guerra”.
La campaña de bombardeos
de la OTAN sobre Yugoslavia comenzó tal día como hoy hace 20 años.
Belgrado, Priština, Novi Sad y Podgorica fueron los primeros
objetivos. La operación —en la que además de militares se
bombardearon objetivos civiles, como los estudios de la Radio
Televisión Serbia, en los que murieron 16 personas— se extendió
durante 78 días y causó al menos 1.200 muertos. Se arrojaron 9.160
toneladas de bombas. Entre 10 y 45 de aquellas toneladas contenían
uranio empobrecido, cuyos efectos sobre el medio ambiente y la salud
de quienes se vieron expuestos son difíciles de evaluar.
El origen declarado de
aquella operación sin precedentes era evitar una limpieza étnica en
la provincia de Kosovo y Metohija, para la que las autoridades
militares yugoslavas supuestamente habían diseñado en un plan
llamado ‘herradura’, tras un incidente poco claro que acabó
pasando a la historia como ‘la masacre de Račak’.
La existencia de este
plan, sin embargo, ha sido repetidamente cuestionada —también la
autoría de la propia ‘masacre de Račak’—, como tantos otros
argumentos presentados por los Estados de la OTAN para justificar su
intervención y recogidos en un documental de la televisión alemana
WDR del año 2000 titulado, significativamente Comenzó con una
mentira (Es begann mit einer Lüge).
De acuerdo con el relato
de la Alianza Atlántica, la negativa del Gobierno yugoslavo a firmar
los acuerdos de Rambouillet no dejó otra opción que la
intervención, ya que Slobodan Milošević “no entendía otro
lenguaje que el de la fuerza”. Hoy sabemos que aquellos acuerdos
probablemente estuvieron redactados para ser rechazados por las
autoridades yugoslavas, ya que exigían, por ejemplo, la presencia de
un contingente de 30.000 soldados de la OTAN en su territorio a los
que Belgrado debía garantizar el permiso de tránsito y plena
inmunidad. “Fue una provocación, una excusa para comenzar el
bombardeo […] fue un documento que nunca tendría que haberse
presentado en aquella forma”, declaró años después Henry
Kissinger en The Daily Telegraph.
Además de la historia
reciente de Yugoslavia, caracterizada por una política internacional
autónoma —fue fundadora del Movimiento de países no-alineados—
y un modelo económico alternativo al capitalismo existente, “con
la guerra, la OTAN siguió también el plan de marginar a Rusia de la
competición mundial y enviar a China una señal de advertencia”,
explica Ditfurth en Krieg, Atom, Armut. Was sie reden, was sie tun
(Rotbuch, 2011), su libro sobre Los Verdes. “Se trataba entonces, y
sigue tratándose hoy”, continuaba, “de las diferentes rutas
hacia Asia Central, de las rutas hacia las materias primas, también
a través de los Balcanes”.
El objetivo, precisaba la
autora, “son los ingentes recursos naturales en forma de oro,
uranio y hasta 30.000 toneladas de petróleo que se encuentran entre
Turquía, el centinela de la OTAN en Oriente Próximo, y China y los
territorios en torno al mar Caspio”. “También la guerra contra
Yugoslavia puede interpretarse como una medida para complementar la
nueva tenaza de la OTAN que se extiende desde los estados bálticos
en el norte por Polonia, la República checa y Hungría hasta Grecia
y Turquía”, escribía Elmar Altvater. De este modo, seguía, “se
rodea a Rusia, creando al mismo tiempo un puente desde Europa
occidental a Oriente Próximo y Medio”.
Altvater recordaba que en
la antigua Yugoslavia “se instalaron importantes bases militares
estadounidenses decisivas para la estrategia mundial de dominio
imperialista de las regiones petrolíferas de Asia Central hasta
África, pasando por Oriente Medio y Próximo”. Una de esas bases
es, como es notorio, Camp Bondsteel en Kosovo, capaz de alojar a
7.000 soldados estadounidenses. Más recientemente, Croacia fue
utilizada por la CIA como base para crear un puente aéreo para el
transporte de armas procedentes de Arabia Saudí, Jordania y Qatar a
los islamistas que luchaban contra el gobierno sirio.
Aquel bombardeo no tuvo
solamente importantes consecuencias para la región, sino que los
efectos políticos de su onda expansiva se dejan notar hasta el día
de hoy. No es ninguna exageración afirmar que, cuando el 23 de marzo
el entonces secretario general de la OTAN, el español Javier Solana,
dio instrucciones al general estadounidense Wesley Clark para iniciar
la operación contra Yugoslavia, el mundo cambió por completo.
EL FIN DEL VIEJO ORDEN
MUNDIAL
En efecto, aquel día de
marzo EE UU y sus aliados dinamitaron los cimientos de la
arquitectura mundial de posguerra. La OTAN llevó a cabo el bombardeo
sin contar con una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU,
por lo que puede considerarse, en arreglo a la Carta de las Naciones
Unidas, como una agresión contra un Estado soberano. En este
sentido, cabe recordar que la sentencia del Tribunal de Nuremberg
contra la cúpula del nazismo del 30 de septiembre de 1946, que
sirvió de base para el derecho internacional posterior, afirma que
“iniciar una guerra de agresión, en consecuencia, no sólo es un
crimen internacional, sino que es el crimen internacional supremo,
que se diferencia de los otros crímenes de guerra en que contiene,
en sí mismo, el mal acumulado de todos ellos”.
Artículos relacionados:
24 marzo, 2019
Marcadores químicos: un paso más hacia el control totalitario de la población.
PRES.O.S. - 24/03/2019
El lanzamiento de
marcadores químicos contra los ‘chalecos amarillos’ en las
manifestaciones — Juan Manuel Olarieta
Los “chalecos
amarillos” y los transeúntes se han convertido en conejillos de
Indias de uno de los primeros experimentos con marcadores químicos
para seres humanos cuyo efecto sobre el organismo es muy poco
conocido.
Para el gobierno francés
se trata de “productos químicos codificados” e inofensivos que
impregnan la piel, el cabello y la ropa de las personas a las que se
dirigen durante un período que va de varias semanas a décadas.
Esta técnica represiva
se ha utilizado muy pocas veces contra seres humanos. Su empleo ha
sido reconocido en la 18 semana de protestas de los “chalecos
amarillos”. Los marcadores químicos se difunden tanto en los
cañones de agua como en los gases lacrimógenos.
Además de ellos, también
se han detectado sustancias sicotrópicas en los gases CS, lo que
convierte a la represión de los “chalecos amarillos” en un
experimento a gran escala de nuevas técnicas de represión política.
Estas técnicas se han
desarrollado en Gran Bretaña y son ampliamente utilizadas en Israel,
donde los presos palestinos afirman haber contraído varios tipos de
cáncer como resultado del marcado de su ADN o el uso de otras
técnicas de control social que implican nanopartículas que pueden
haber dañado el material genético de las células de su cuerpo.
El gobierno francés ha
admitido usar marcadores químicos contra los manifestantes como un
experimento durante las manifestaciones del 1 de mayo de 2018, sin
advertir a la población de que eran objeto de un experimento.
Los defensores de tales
técnicas aseguran que los productos de marcado de ADN o ARN no
suponen ningún peligro para la salud.
Sin embargo, en 2014 la
policía de Ucrania experimentó con bombas de gas que contenían LSD
suministradas por una empresa israelí contra manifestantes en Kiev y
el resultado fue catastrófico: algunos comenzaron a sufrir
convulsiones violentas antes de lanzarse contra los vehículos de la
policía, lo que requirió el uso de munición real para detenerlos.
En Brasil la policía
experimentó en 2016 con productos químicos contra manifestantes,
pero salió mal y la policía finalmente tuvo que reducir la protesta
mediante el uso de armas de guerra. La sustancia química utilizada
se asemejaba a una droga neurotóxica.
En Israel algunos gases
utilizados contra los palestinos contienen alucinógenos y LSD,
además de alteradores endocrinos para hacer que los manifestantes
sean más violentos y justificar así el uso de francotiradores y
fuego a muy alta velocidad (balas de aleación especial con una
velocidad inicial de 1.200 metros por segundo).
Los gases que utiliza la
policía en Francia incluyen CS (2-clorobencilideno malononitrilo),
que es irritante. Recientemente han añadido también neurotóxicos
que pueden alterar la capacidad de percepción y la conciencia.
Otros tipos de
nanopartículas se utilizan cada vez más en las cargas policiales,
pero su uso sigue siendo secreto porque incluso los policías que las
utilizan no siempre saben la naturaleza de la munición.
Con el marcado químico de los manifestantes, el gobierno francés da un paso más
en el control de las personas, hasta las raíces de su cabello y su
ADN.
El lanzamiento de
marcadores químicos contra los manifestantes
Tras una reunión urgente
del Consejo de Ministros convocada por la crisis de los “chalecos
amarillos”, el Primer Ministro Edouard Philippe anunció nuevas
medidas represivas de última generación, además de las antiguas,
como el empleo de drones y los marcadores químicos codificados
(PMC).
Hasta ahora los
marcadores se habían utilizado para prevenir los atracos a bancos y
furgones blindados, señalizando los billetes con tinta indeleble.
Pero la técnica ha
introducido una novedad, los objetos de marcado codificado, que son
dispositivos químicos indetectables a simple vista, inodoros e
incoloros, que permiten marcar tanto las propiedades, como las
personas y los lugares.
Es un verdadero ADN
sintético que permite, por ejemplo, marcar objetos valiosos e
identificar así el origen de la propiedad de un robo, señalizando
al autor del delito.
Los PMC imprimen un
código de identificación único. Asociado con el despliegue de
estos dispositivos, la policía interviene principalmente en las
etapas cruciales del revelado de la marca y el descifrado del código
asociado. Con lámparas ultravioleta, la policía controla la marca y
garantiza así la prueba material del delito.
En 2015, el municipio de
Aubagne, en Francia, distribuyó cerca de 700 unidades a los vecinos.
En Marsella los centros comerciales están equipados con estos
marcadores. En caso de atraco, las alarmas y los radares de presencia
los dispersan automáticamente, aunque también se pueden activar
manualmente.
La instalación de
sistemas de dispersión en centros comerciales tiene un doble
objetivo. Por un lado disuade a los atracadores mediante la
colocación visible de señales en el área protegida, de la misma
manera que las cámaras de vigilancia. Por el otro, marca a todas las
personas y cosas que están en dicha zona.
La piel del autor queda
impregnada durante varias semanas, su pelo durante seis meses y su
ropa de por vida. Puede ser localizado en cualquier momento, durante
un control rutinario en carretera o en su casa. Para ello basta con
proyectarle luz ultravioleta.
Naturalmente, además de
los ladrones, también quedan marcados los clientes, los
trabajadores, los niños… todos los que están en el escenarios del
crimen.
La técnica PMC se ha
extendido a los cables eléctricos, las obras de arte y los
vehículos. Las empresas productoras garantizan la unicidad del
código asociado al marcado. Al consultar la base de datos de los
proveedores, un objeto marcado, denunciado como robado, puede ser
devuelto a su propietario resaltando el producto marcado codificado,
incluso después de varios años.
Lo que se empezó
aplicando a los delitos, se ha extendido a los derechos, como el de
manifestación, permitiendo a la policía identificar a quienes
acuden a las manifestaciones y a quienes pasean por la calle. Pero,
¿quien es capaz de diferenciar a uno de otro?
______
19 marzo, 2019
GILETS JAUNES: «ON N'EST PAS DES HAINEUX» —— Acte 18 ● Toulouse ● Bordeaux ● Lille ● Lyon ● Montpellier ● Nantes ● ● ●
Según los medios de (des)información de la clase dominante,
en Francia "no pasa nada". Se limitan a emitir
las cansinas consignas de sus rídiculas marionetas
políticas (a ver si cuela), a atiborrarnos de fútbol
o peor aún, a arrojarnos al vomitivo plató
de las tertulias.
Está claro que la policía no es la única
que nos gasea y aturde.
●
«El movimiento de los
Gilets Jaunes es una protesta social transversal, sin patrocinios
políticos ni sindicales. Como no hay
posibilidad de “recuperar” al movimiento para el mundo político
oficial, ni siquiera en sus márgenes, la mayoría mediática, que
tiene horror al vacío, opta por recurrir a la etiqueta maldita: son
“extrema derecha”. Y no, no es verdad.
“Nadie sabe quiénes
son los Chalecos Amarillos ni cómo se están organizando. En
realidad los Chalecos Amarillos somos todos”, dice Martial Bild,
director de la cadena de televisión independiente TV Libertés. Lo
sabían nuestros clásicos: “¿Quién mató al Comendador?
Fuenteovejuna, señor”. Por cierto que el panorama de la libertad
de expresión en Francia está seriamente erosionado (un estudio
reciente señalaba a Francia como el país occidental con menos
libertad de expresión) y TV Libertés ha tenido que recurrir a
Internet para poder emitir. También esto forma parte del paisaje de
crisis que vive el país, de ese creciente divorcio entre los
ciudadanos y la clase dominante, clase a la que pertenecen la mayoría
de los medios de comunicación». J J Esparza
●
"Tiene usted razón Sr. Macron, esto no es una manifestación,
esto es una sublevación".
"Tiene usted razón Sr. Macron, esto no es una manifestación,
esto es una sublevación".
● ● ●
Bandista: Haydi Barikata ● To the Barricades ● A las Barricadas ● Στα οδοφράγματα ● Alle barricate
Versión turca de "A las barricadas"
17 marzo, 2019
Cartografiar las insurrecciones implica los mismos razonamientos y postulados de predicción conductual que el marketing.
 |
| Google tracking |
Leer artículo completo
en → Cáncer
capitalista
La inteligencia
artificial no se usa solo para controlar y manipular lo que hacen los
individuos aislados sino, sobre todo, para vigilar, controlar y
manipular sociedades. Se trata de automatizar mediante algoritmos
(como el Integrated Crisis Early Warnig System, que explora los
megadatos de diversos países y sus poblaciones cartografíando las
sociedades según su mayor o menor grado de estabilidad) la detección
de la inestabilidad social o el peligro de insurrección. Se han
diseñado modelos denominados “radares sociales” para predecir la
evolución del comportamiento de amplios grupos sociales, detectando
los cambios de humor o de opinión en el seno de las poblaciones
susceptibles de influir en el curso de los acontecimientos y poder
intervenir (con campañas de propaganda o operaciones psicológicas
Psyop) en tiempo real. La imbricación estado-empresas privadas es
total. Después de todo, cartografiar las insurrecciones implica los
mismos razonamientos y postulados de predicción comportamental que
el marketing.
El cúmulo de datos de
comportamiento no solo debe ser abundante, sino también variado. El
Big Brother monopolista requiere extender las operaciones de
extracción del mundo virtual al mundo real, donde vivimos nuestra
vida "real". El espía monopolista espía en las
carreteras, en los parques, a través de las ciudades. Accede a
nuestro sistema sanguíneo, a nuestra sala de estar, a nuestros más
mínimos desplazamientos, a nuestro refrigerador, a nuestra
aspiradora ( modelo Roomba con el que Google que cartografía cada
rincón de nuestro hogar), etc. Más de 100 millones de mujeres
jóvenes están siendo espiadas a través de apps (Flow, Ovia, Glow,
…) gratuitas que monitorizan sus ciclos menstruales, tests de
ovulación y su actividad sexual, datos de gran valor en el mercado
del comportamiento.
Para obtener predicciones
de comportamiento muy precisas y, por lo tanto, muy lucrativas, deben
poder acceder a nuestras características más íntimas. Espían
nuestra personalidad, nuestros estados de ánimo, nuestras emociones,
nuestras mentiras y nuestras fragilidades. Todos los niveles de
nuestras vidas personales se capturan y comprimen automáticamente en
un flujo de datos. El objetivo es poder influir en nuestro
comportamiento como trabajadores, consumidores o votantes.
Escribes algo en la barra
de búsqueda de Google y de inmediato comienzas a ver anuncios que te
parecen familiares en todas partes. A veces ni siquiera necesitas
buscar: Google ya ha triangulado tus deseos según tus correos
electrónicos, tus características demográficas, tu ubicación.
Para penetrar más en
nuestra intimidad Google y Amazon ya disponen de nuevas patentes para
la tecnología de hogares inteligentes, para que los usuarios abran
su hogar a sus marcas registradas de grabaciones ilegales. Google ha
presentado una serie de patentes para recopilar datos de audio en el
hogar. Las patentes permitirían a los dispositivos domésticos
inteligentes habilitados con el Asistente de Google inferir el
comportamiento en función de lo que escuchan: el cepillado de los
dientes, la apertura de la puerta de un refrigerador. Incluso pueden
estimar su estado de ánimo según la presencia de voces elevadas o
insultos.
Propaganda de Echo: "El
Amazon Echo se conecta a Alexa, un servicio de voz ubicado en el
Cloud, para reproducir música, realizar llamadas, configurar alarmas
y temporizadores, hacer preguntas, obtener información sobre el
tiempo, el tráfico y los resultados deportivos, gestionar listas de
tareas y de la compra, controlar dispositivos de Hogar digital
compatibles y mucho más."
Estos hogareños
dispositivos expanden las áreas en las que tu comportamiento ya está
registrado desde tu teléfono, Tablet o portátil, a tu mismo
dormitorio.
Los sistemas de
vigilancia del hogar, como Nest de Google o Ring de Amazon, aunque
registran lo que hacen sus clientes, también monitorizan, sin su
consentimiento, a otras personas: transportistas de correo,
trabajadores de distribución de alimentos, vecinos, etc.
La opacidad es la regla.
Las empresas a menudo no revelan qué tecnología contienen sus
productos, y además el software que contienen puede ser
reconfigurado a placer por el suminstrador (atualizaciones) y los
dispositivos se pueden recalibrar para nuevos usos, y los datos que
recopilan se pueden utilizar de maneras que los clientes no
suscribieron.
Google tuvo que
disculparse ante los clientes que compraron el sistema de seguridad
residencial Nest Secure en 2017. El dispositivo estaba equipado con
un micrófono que no figuraba en las características del aparato.
Unos pasajeros de American Airlines descubrieron cámaras en las
pantallas de TV incrustadas en los asientos.
Empresas bancarias, de
viajes, de ventas por internet, hoteles, etc. contratan a empresas de
análisis, como Glassbox, Appsee, FullStory, UXCam, que graban las
pantallas de los clientes mientras usan sus aplicaciones. El software
de Glassbox graba en video las pantallas de los usuarios mientras
usan las aplicaciones de las empresas clientes, luego comprime y
reproduce el material de archivo para su análisis. Es en un registro
de cada pulsación de teclado, todo lo que se escribe, los mensajes
de error que ven, la cantidad de tiempo que pasan en cada página,
etc.
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)